Así lo evidencia el último informe de la Contraloría General de la República en el que se detalla la preocupante y alarmante cifra de $ 15.6 billones, como saldo sin ejecutar en recursos del sistema por parte de los Departamentos. Es decir que para el bienio 2017 -2018 se quedaron sin uso ni destino específico el 54% de los recursos disponibles.
A rajatabla se fueron los Departamentos en la utilización eficiente de los recursos del SGR, máxime cuando desde el Congreso de la República se dan los debates en los que se promueve el desarrollo regional; con cifras como esta, se deja ver la falta de criterio técnico con que los gobiernos departamentales ejecutan los recursos en sus regiones y en cambio, sacrifican oportunidades para el logro de la política social de bienestar.
Esto es un jalón de orejas, no puede ser posible que en el país nos demos el lujo de precarizar las condiciones de efectividad de la inversión social, permitiendo la existencia de un mecanismo heterogéneo de inversión, que brilla por su inoperancia técnica y retraso facultativo por parte de las administraciones locales. La pregunta es: ¿por qué los planes de desarrollo no se dedican a cumplir las metas de inversión territorial?
Según la Contraloría General de la República: “La contratación directa representa el 28% y los procesos de concurso (licitaciones y concurso de méritos el 71%. Según un análisis realizado por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de una muestra de contratos por valor de $12.8 billones, el 64,8%, es decir $8.3 billones se realizan con un único oferente”
Algo está fallando en la política de ejecución de los recursos del SGR máxime en la eficiencia de los criterios de contratación que permiten el crecimiento de la figura del único oferente, en este sentido, la inoperancia de la convocatoria se traduce en un fuerte desequilibrio administrativo que sobrepasa los límites de la racionalidad económica de los departamentos. En lugar de mejorar, de facilitar el trámite de los proyectos y de formular a conciencia las iniciativas de inversión, estamos retrocediendo a la improvisación y el descuido.
Ningún departamento hizo la tarea de ejecutar recursos del SGR por encima del 62% la mayoría en promedio ejecutó el 48% de estos y 18 de ellos están por debajo del 45%. Casos como el de Sucre (23%), Atlántico (25.9%), Risaralda (26.5%), Vaupés (29.8%) están en rojo, sus saldos no fueron comprometidos con la rigurosidad técnica establecida, incluso aquellos departamentos que superaron el 50% de ejecución no pasan la evaluación de la CGR.
Norte de Santander, con el 62.5% en el nivel superior y sucre con el 23.0% en el límite inferior demuestran el intervalo de la media en ejecución que se aproxima al 48% efectiva; mientras que el 54% de la bolsa de recursos se quedó entre las cuentas bancarias de los entes territoriales (9.7 billones) y del tesoro Nacional (5.6 billones).
Al parecer los OCAD municipales y departamentales, siguen siendo la talanquera de los proyectos, no por su capacidad de convocatoria, sino por su incapacidad de trámite en los proyectos de interés general.
No basta con formular proyectos de forma precaria y baja de temple técnico, la improvisación continúa siendo el rey en los mecanismos de ejecución de recursos del SGR.
Publicado: noviembre 7 de 2019