El 21 inicia un “paro nacional” convocado por líderes políticos de izquierda, Fecode y la CUT, al que se han sumado desde estudiantes e indígenas hasta la electa reina de belleza.
Insisto en que manifestarse y protestar son derechos derivados de los de asociación y reunión, consagrados en los tratados de derechos humanos. En consecuencia, deben ser respetados y protegidos por las autoridades. Además, no seré yo, que he salido a marchar varias veces, quien critique a quienes deciden hacerlo ahora. Los derechos son buenos para todos, no solo para quienes tienen nuestra misma posición política o ideológica. Más aún, la democracia se trata precisamente de eso: igualdad frente a la ley, sin discriminación alguna, y oportunidad para quienes no están en el gobierno de expresar sus opiniones, manifestarse y, si lo consideran necesario, protestar. Así que si antes he pedido que se respete mi derecho, ahora pido lo mismo para los otros, por mucho que no comparta sus motivaciones.
Motivaciones que, por cierto, no solo son infundadas sino abierta y descaradamente mentirosas. La causa, según los promotores, es protestar contra “las reformas pensional y laboral y el paquetazo económico neoliberal que prepara el gobierno Duque” por, dicen, presión del Fondo Monetario Internacional FMI. Ocurre que el Gobierno se ha comprometido a llevar las propuestas de esas reformas, si las hubiera, a la mesa de concertación laboral, una comisión tripartita donde participan empresas y sindicatos. Pero a esta hora no hay siquiera borradores. “No hay una sola letra escrita de la reforma pensional o de la laboral”, dijo la Ministra de Trabajo que, de paso, también advirtió que no es verdad que se vaya acabar Colpensiones. Por cierto, el aumento del salario mínimo de este año fue de 6%, casi el doble de la inflación (3,18% para 2018), un porcentaje generoso que muy pocas veces se había dado en nuestra historia. Y si algún gobierno latinoamericano no necesita acudir al FMI es este, con la segunda tasa de crecimiento más alta de Suramérica, el doble de la del 2017, y muy por encima del promedio regional, y que tiene un panorama despejado para el futuro inmediato. No hay y no habrá tal “paquetazo”. Otros alegan que hay que apoyar la educación. Este año el Gobierno destinó 44,1 billones de pesos al sector, 5,6 billones, un 6,41% más que en el 18. Nadie nunca ha destinado tanto dinero a la educación, ¿Aún así quieren marchar? En fin, las razones alegadas son falsas. La verdadera motivación es debilitar al gobierno Duque tanto como les sea posible.
Ahora, a la pregunta de si es posible y lícito regular “la protesta social” la respuesta es inequívoca. Los tratados internacionales dicen de manera expresa e inequívoca que el ejercicio de estos derechos está “sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática”. El Estado no solo tiene el derecho sino que es su deber establecer las condiciones en que debe ejercerse el derecho, “en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”. La regulación, por supuesto, debe ser razonable. De manera que el Gobierno está en mora de definir con claridad, entre otras cosas, los lugares de concentración, la ruta de las marchas y los horarios permitidos, las “restricciones” en medio de las cuales pueden ejercerse la protesta.
Además, no hay que olvidar que no hay derecho que no tenga limitaciones y deberes correlativos. El respeto de los derechos de los demás es el primero. Así que cuando los manifestantes agreden a otros ciudadanos o dañan propiedades públicas o privadas, no solo deben ser rechazados sino, insisto, deben ser controlados y capturados. En el momento en el que la protesta deja de ser pacífica cesa el derecho de los manifestantes y nace la obligación para el Gobierno de controlarla, reducir a los saboteadores y capturar en flagrancia a los terroristas que operan entre quienes protestan. El Estado no solo tiene el derecho sino tiene el deber de reprimir a los vándalos y neutralizar a los violentos, usando la fuerza de manera proporcional, sin excesos pero con firmeza. Tanta como sea necesaria. La Fiscalía está en la obligación de apoyar al Gobierno, para legalizar las capturas y procesar judicialmente. La impunidad de los delincuentes, no me cansaré de repetirlo, solo invita a la repetición del crimen. Si, el Gobierno tiene la obligación de garantizar que se pueda protestar, pero su tarea básica es proteger los derechos y libertades de todos, no solo la de los manifestantes, y nunca será legítimo que se acepte o tolere la violación de los derechos de los ciudadanos so pretexto de defender la protesta.
Por cierto, el cuentico de que son infiltrados de la Policía quienes incurren en actos violentos o intentaron incendiar el Icetex en marchas anteriores, no es solamente falaz sino muy peligroso y perverso: no solamente está dirigido a quitarle cualquier responsabilidad a los organizadores del paro por la violencia en que puedan incurrir algunos de los manifestantes sino que buscan de entrada culpar al Gobierno. El asunto, por cierto, se resuelve fácil: basta con prohibir las capuchas y las máscaras. Así será sencillo identificar a los agresores y será imposible responsabilizar a la Fuerza Pública. Apuesto que, sin embargo, dirigentes como Robledo y Petro, que han sostenido semejante tesis perversa, se negarían de plano: se les cae la fachada, se les ve la cara.
En fin, a mi no me preocupa el paro. Mi miedo es la deriva violenta, el eventual efecto contagio de Chile. Ese debe ser evitado, con absoluta firmeza, por los organizadores del paro y por los manifestantes. Y, si le toca, por el Gobierno: no puede dudar ni por un instante en usar la fuerza necesaria y proporcional si lo obligan a ello. Si muestra debilidad, se lo tragan los acontecimientos.
Publicado: noviembre 18 de 2019
4.5