Las marchas promovidas por los estudiantes de universidades públicas y privadas tienen un propósito político: desestabilizar la institucionalidad para dar marcha hacia un modelo estatal que beneficia los intereses de la izquierda latinoamericana.
Que los estudiantes de las universidades públicas marchen y destruyan todo a su paso no es nuevo, ha sido la constante durante las últimas décadas; pero que estudiantes de universidades privadas participen en esa destrucción es síntoma que aquí estamos frente a un propósito superior que involucra a las élites bogocentristas, la izquierda, la academia, medios de comunicación, y otros actores, que buscan imponer a cualquier precio sus intereses políticos, académicos, ideológicos y económicos.
La bandera es la educación. Marchar para garantizar la educación pública y gratuita alimenta espíritus revolucionarios e idealistas como el de los jóvenes. Y si a esas marchas se le cuelgan otros propósitos sociales, como árbol de navidad, pues sencillamente esas marchas cogen otro destino que no es precisamente la educación.
Este gobierno, como ninguno, tiene como prioridad y primera línea de inversión en su presupuesto a la educación. 41.1 billones de pesos se destinaron para educación en el 2019, y para el año 2020 el presupuesto aprobado fue de 44.1 billones. Esto significa un crecimiento del 6,41% frente al 2019 y un crecimiento real del 11% frente al 2018. Esto sitúa nuevamente a la educación como el sector de mayor presupuesto respecto al presupuesto total. Sumado a lo anterior el gobierno del presidente Iván Duque, implementó el proyecto “Generación E” que busca la transformación social y el desarrollo de las regiones a través de acceso, permanencia y graduación de la educación superior de jóvenes en condición de vulneración; más de 400.000 jóvenes tienen garantizada la educación superior en este gobierno.
Si los hechos demuestran un compromiso real y presupuestal del gobierno del presidente Duque con la educación ¿por qué los estudiantes insisten en marchar?
Claro que faltan más hechos y se necesita más presupuesto para la educación, es lo ideal, pero también se debe ser justo y entender que el Estado colombiano es frágil en su economía y que se debe garantizar el funcionamiento de otros renglones necesarios y prioritarios para el funcionamiento del Estado como lo es la seguridad, salud, infraestructura, servicios públicos y subsidios en todos los órdenes.
Estamos presenciando la segunda etapa de la deslegitimización institucional del país que inició con el acuerdo de impunidad, y que continúa con la movilización irracional, vandálica y terrorista de estudiantes instrumentalizados, para llevar al país al despeñadero, donde una vez incendiado, se fuerce la renuncia del presidente y convocatoria de elecciones donde el odio, la manipulación, el populismo y el enardecimiento popular estén por encima de los argumentos racionales.
El gobierno, los partidos políticos afines, los gremios, y los actores de la vida productiva del país en toda su escala, deben entender que se debe enfrentar con toda contundencia argumentativa, legal y también en las calles, avance de una tendencia ideológica y política que lo único cierto que garantiza es la destrucción total de la productividad, el desarrollo y la economía del país.
Estamos alertados.
Publicado: noviembre 5 de 2019
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