El derecho a la manifestación pacífica, contenido en las libertades de reunión y de expresión como derecho humano, implica precisamente el llamado de la sociedad al Estado y sus Instituciones cuando hay fallos de coordinación que terminan por elevar el costo de oportunidad de decisiones fallidas que afectan directamente al público.
Sin embargo, hoy, ese derecho se usa indiscriminadamente para ganar posiciones al interior del movimiento, usando por supuesto la persuasión de la lucha y el fundamentalismo metódico del conflicto. En eso se han transformado las marchas, en infligir el mayor daño posible al menor costo disponible, para referirme a los ataques contra la propiedad pública, los medios de defensa nacional, la propiedad privada, los bienes públicos y por supuesto, la población civil.
El uso de la violencia se convirtió en un medio para las marchas, las marchas estudiantiles, que paradójicamente tiene efectos contradictorios sobre su éxito, lo que siempre vemos, es a grupos amotinados de estudiantes, permitiendo efectuar actos vandálicos a la propiedad pública y privada, afectando el orden público y gritando arengas con cierta capacidad de irrupción política levantando ánimos contra todo lo que se interponga a su paso.
La capacidad de convocatoria de las marchas estudiantiles es de las mayores a nivel nacional, se reconoce su éxito en la búsqueda de soluciones para la educación, está bien que se manifiesten. Pero técnicamente se volvieron espacios populistas donde lo que importa es confundir las acciones del gobierno respecto de los compromisos pactados. Recursos de financiamiento y gasto es lo que más se exige, no obstante, la educación tiene una de las apropiaciones presupuestales más altas de este gobierno, los compromisos por más de 4.5 billones en inversión; 44 billones para el funcionamiento del sector, lo ponen incluso por encima de salud, ha sido de los rubros más fuertes del presupuesto y, aun así, no basta para dejar de hacer populismo y atacar los bienes públicos.
Ese efecto contradictorio al que me refiero proviene de una necesidad por manifestarse de forma violenta cada vez que se quiere exigir mayores recursos para la educación; caso aparte son aquellas manifestaciones donde la universidad pública va en detrimento de los recursos de los estudiantes, como lo ocurrido en la universidad Distrital, donde más de 10 mil millones fueron majeados a discrecionalidad de uno de sus funcionarios. Pero incluso manifestarse con principios de destrucción no es el uso adecuado para el derecho a la movilización pacífica.
Así las cosas, las marchas estudiantiles tienen que mejorar su forma de presentación ante el público, porque lo que ve la ciudadanía es un grupo de estudiantes (algunos ya no estudiantes) aprovechar un amotinamiento para proceder a un reclamo, destrozando todo lo que ven a su paso, atacando la propiedad y atentando contra vidas humanas que se dedican a mantener el orden, hay confusión, populismo, manejo de información, mensajes y todo tipo de mecanismos para justificar la violencia en su interior, sus efectos no pueden ser otros que dejar tristeza entre la población cuando se luce una bandera en la espalda de un estudiante para tirar ladrillos contra un grupo de policías, o cuando se lanzan molotov contra el icetex, o cuando se destroza la plaza de Bolívar y la carrera 7ma en Bogotá. Después pasada la violencia de la marcha, los estudiantes vuelven a sus casas, donde sus padres atienden sus necesidades, orondos del escándalo público que protagonizaron.
Así no son las marchas, esa no es la forma de usar el derecho a la movilización pacífica y lo único que queda en la mente de muchos colombianos, es si esos actos merecen ser judicializados.
Publicado: octubre 17 de 2019