Con la reciente decisión de la corte sobre la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, los grupos de oposición celebraron un resultado al que le dieron el matiz de derrota para el Presidente, no obstante, el mensaje derivado de las opiniones personales de quienes no entienden el efecto fiscal de una ley de financiamiento deja un mensaje equivocado de lo que se pretende hacer por el crecimiento económico del país.
El desafío de la política fiscal en Colombia siempre será la elección entre menores impuestos y mayor bienestar social o entre mayores impuestos y mejor distribución del ingreso a través de la expansión del gasto. Ese desafío corresponde a la gran mayoría de países que conforman la economía mundial; sin embargo, los impuestos son una condición natural de la distribución del ingreso nacional como reacción a la demanda del público por bienes y servicios.
En este orden de ideas, la Ley de financiamiento busca un efecto dual entre impuestos y bienestar: por un lado, es una medida que refleja la necesidad de incrementar los ingresos faltantes del balance para equilibrar las cargas fiscales del gasto, en segundo lugar, busca relajar la carga impositiva del país respecto de las actividades productivas, para expandir la capacidad instalada nacional y permitir efectos positivos sobre la demanda laboral en el mediano plazo. Claro, que así no lo explican los medios de comunicación ni mucho menos la oposición.
Colombia es un país donde la alta presión fiscal ha generado atraso en la entrada de nuevos jugadores al mercado nacional, ha permitido que existan fallos de mercado con información imperfecta y un sistema de precios que no reaccionan a los ciclos económicos, ha aumentado los costos de producción y desincentivado el portafolio de inversiones en sectores no minero energéticos, la transformación productiva se ha resentido y la capacidad de generación de nuevos trabajos no ha sido posible.
Problemas como los anteriores, han ocupado las agendas de gobierno por varios años, sin embargo, la Ley de Financiamiento buscaba mejorar las condiciones de competitividad fiscal en un contexto de mayor progresividad y mejores efectos de expansión del producto y el empleo en el mediano plazo, por supuesto, en Colombia no han existido las reformas tributarias estructurales y veníamos de un compendio tributario de barbecho, naturalmente, los impuestos no gustan de nadie, pero paradójicamente el gasto si genera preferencias entre el público, entonces es imposible tener gasto sin ingresos, la contabilidad no funciona así.
Con todo lo que implica una ley de financiamiento y la necesidad de garantizar recursos para el cumplimiento de los compromisos del Estado, la garantía sobre el financiamiento de mediano y largo plazo también debe darse en un contexto en que las finanzas públicas reaccionen a las inversiones en función de las garantías económicas futuras. Es decir, la política fiscal debe reaccionar tanto en el mediano como en el largo plazo, el efecto contrario sería hacer una reforma cada vez que los ingresos estén por debajo de las expectativas de recaudo fiscal.
Si bien es cierto que los impuestos no son populares, el manejo de la carga tributaria si tiene un factor predominante en la estabilidad fiscal del país, debería ser capaz de expresar las reacciones del producto a los cambios de gasto nacional y proveer suficiente información respecto de las actividades gravadas en la economía. De ahí que sea todo un desafío que en este momento pone al Gobierno Nacional en una condición de repensar algunos ajustes para la Ley de Financiamiento, pero al mismo tiempo expandir las posibilidades de crecimiento económico. Que haya resultado inexequible no fue una derrota como lo dice la oposición, fue un punto de inflexión que retrasó los efectos de una Ley que requiere Colombia.
Publicado: octubre 24 de 2019