La violencia que permea las universidades ha llegado a un punto de descontrol que supera los límites de lo absurdo y exige un actuar contundente por parte del Estado. Es hora de pasar de los discursos y los tweets a la acción.
Desde hace varios años la indiferencia y casi que complicidad de las instituciones ha permitido que los centros donde se deberían estar preparando las nuevas generaciones de profesionales se conviertan casi que en repúblicas independientes donde la falta de autoridad y apego a la ley generan peligrosos brotes de violencia.
Bajo el falso pretexto de la protesta social, que debe ser pacífica, el vandalismo descontrolado ha convertido las instalaciones oficiales en fortines de combate desde donde paralizan el tráfico de las ciudades, atacan a la Fuerza Pública con todo tipo de explosivos y generan una conmoción que afecta terceros inocentes.
Además, para nadie es un secreto que la presencia de grupos armados en estos escenarios es una realidad. Una de las estrategias básicas de la guerra de guerrillas es infiltrar personal en centros educativos para adelantar un adoctrinamiento ideológico que sirva de combustible para su actividad criminal.
Por eso, es momento de ponerle un tatequieto a esta situación. Bogotá, y en general las principales ciudades del País, no pueden seguir permitiendo que encapuchados quemen sus buses y destrocen sus calles para después salir corriendo impunemente.
La Fiscalía y el Ministerio de Defensa deben articular un grupo de respuesta que, con ayuda de las autoridades de inteligencia, desmantele las organizaciones criminales que se infiltran en las universidades y los someta con severidad a la justicia.
¡Es hora de poner la casa en orden!
De igual manera, el Presidente no puede ceder ante las presiones de los vándalos, hacerlo implicaría abrirles la puerta para que el acudir a la violencia se convierta en la forma predilecta de presionar al Gobierno.
Sin importar si el que tira la piedra y hace el desmán es un estudiante, un taxista, un indígena o un conductor, las vías institucionales, y no las de hecho, siempre deben ser el camino para responder a los reclamos sociales, más aún cuando tenemos un Gobierno de puertas abiertas donde el diálogo popular es la base que cimienta el actuar de las autoridades.
Publicado: septiembre 27 de 2019