El representante a la Cámara del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, está impulsando un proyecto de acto legislativo que pretende introducir una reforma constitucional que busca permitir que, vía referendo, las sentencias de la corte constitucional sean reversadas por el pueblo.
La iniciativa, denota una absoluta ignorancia del autor de la misma, respecto de la división de poderes y de los principios elementales de la democracia representativa.
En la antigüedad, el pueblo impartía justicia de manera directa. Basta con revisar el Nuevo Testamento, en los Evangelios sinópticos, el proceso de aprehensión y juzgamiento de Nuestro Señor Jesucristo.
A pesar de que Poncio Pilato no encontró culpa ninguna en Jesús, lo sometió al escrutinio popular, para que la enardecida turbamulta -ignorante y desconocedora de la realidad y de la juridicidad- decidiera su suerte.
La energúmena horda, apostada en las inmediaciones del pretorio, decidió que Jesús fuera sentenciado, a la vez que resolvió la liberación del homicida Barrabás.
La sociedad ha evolucionado, hasta el punto de depositar la administración de justicia en manos de cuerpos colegiados especializados e independientes. La constitución de los Estados Unidos, en su artículo tercero, hace una sencilla, pero magistral exposición de la forma como debe operar el poder judicial en una sociedad.
Es evidente que la rama judicial colombiana está estructuralmente corrompida. Las altas cortes, se convirtieron en antros de corrupción y centros de activismo politiquero. La evidencia de la descomposición de nuestra justicia, se vio con ocasión del escándalo del cartel de la toga, o de los vínculos inmundos de buena parte de los magistrados de la corte suprema, con el mafioso italiano, Giorgio Sale.
La constitución de 1991, a la que le caben todas las críticas posibles, se equivocó irremediablemente cuando le concedió facultades electorales a las altas cortes. Aquello, con el tiempo, convirtió a los magistrados en actores políticos que olvidaron su función esencial, transformándose en operadores clientelistas. Hoy por hoy, las altas cortes están convertidas en centros de pugna, en los que los togados se enfrascan en inanes pulsos por el poder y los puestos.
Los problemas de la justicia, demandan una reforma integral a las instituciones que la integran -fiscalía y cortes-, la cual necesariamente debe ser adoptada a través de una constituyente.
Claro que hay muchas sentencias de la corte constitucional que resultan incomprensibles y profundamente cuestionables. Los romanos incorporaron el brocardo dura lex, sed lex,para efectos de sentenciar que la majestad de la ley, es un elemento fundamental e insoslayable del Estado de Derecho.
Hay sociedades, como la suiza, donde impera el régimen de democracia plebiscitaria. Frecuentemente, los ciudadanos son convocados para decidir sobre la aprobación o negación de iniciativas normativas. Pero nunca, absolutamente nunca, son citados para debatir los fallos de los jueces.
La democracia deliberativa -en algunos casos, llamado Estado de opinión-, con la cual coinciden amplios sectores de la sociedad, fue delineada por el profesor Bessete y desarrollada filósofo alemán Jürgen Habermas, y propende por involucrar de manera activa a los ciudadanos en los asuntos que los afectan. Es, en resumen, una evolución de la democracia representativa, que en ningún caso se adentra en asuntos sensibles, como la administración de justicia, que son de la órbita de un poder público, integrado por expertos, como es la rama judicial.
Proponer la revisión de sentencias a través de referendos, es tan descabellado e insensato como permitir que, por medio de mecanismos de participación ciudadana, los electores tomen la decisión de declarar la guerra a otro Estado.
El doctor Prada, que no está hablando a nombre del Centro Democrático ni del presidente Uribe, debe reconocer la torpeza de su iniciativa y proceder, cuanto antes, a retirarla, no sin antes ofrecer disculpas por su gran equivocación.
Publicado: septiembre 27 de 2019
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