El anuncio de Márquez y su banda tiene una de dos explicaciones y en cualquiera hay que partir de un hecho innegable: ni el jefe negociador ni Santrich, ambos miembros del secretariado, se desvincularon nunca del narcotráfico. Quizás dejaron el fusil, pero nunca las actividades criminales. La captura de Santrich se produjo en abril del año pasado y de inmediato Márquez, Romaña y el Paisa se esfumaron. Su retorno a la clandestinidad no puede atribuirse, de ninguna manera, a Uribe o a Duque que para ese momento ni siquiera había sido elegido. Ese señalamiento no solo es injusto y falso sino canalla porque deja de atribuirle la responsabilidad a los criminales y a quienes se estaban burlando del acuerdo y se la endilga a quienes solo han señalado sus fallas y sus riesgos.
Y fueron la JEP, el Consejo de Estado y la Suprema quienes facilitaron la fuga de Santrich, no el uribismo. La JEP no decidió durante un año sobre la solicitud de extradición y cuando lo hizo fue contra la evidencia y para dejarlo en libertad. El Consejo de Estado le dio un fuero de congresista que no tenía. La Suprema ordenó de nuevo su libertad y ni siquiera cuando desapareció ordenó su captura. La JEP todavía no ha decidido un recurso que interpuso la Procuraduría. A Márquez y a los demás les permitió una y otra vez no presentarse. Hoy ordena su captura, sin tener competencia, pero no los expulsa. Además de todos los que pidieron la libertad de Santrich, dijeron que su captura era un “entrampamiento” y que con ella se amenazaba el proceso de paz, si hay culpables son estos magistrados complacientes y, en el mejor de los escenarios, “confiados”. Y algo le salpica a todos esos periodistas que le dieron micrófono o, peor, lo trataron como un héroe.
La verdad es que Márquez y su banda se devuelven al monte porque temían ser extraditados o porque, creen muchos, ejecutan su parte en una estrategia en la que un sector de las Farc aprovecha las inmensas ventajas que les otorgó Santos y el otro se mantiene en las armas y en el narcotráfico y la minería ilegal. O por ambas razones.
Yo prefiero pensar que hay gente de las Farc que genuinamente le apuesta a dejar la violencia. A la guerrillerada desmovilizada hay que cuidarla y facilitarle su reinserción efectiva. Pero en la comandancia y en el Congreso hay quienes lucharon por la libertad de Santrich contra la evidencia incontrastable de que es un mafioso. Esas personas tienen la obligación de romper de manera definitiva con los armados y, además, la de colaborar de manera efectiva en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Y deben señalar quienes eran sus aliados políticos y quienes les daban apoyo logístico cuando estaban en la clandestinidad, sobre los cuales no hubo razón durante la desmovilización. Hay que evitar que esos apoyos sigan operando para beneficiar a Márquez y su banda. ¿Hará algo la JEP o seguirá favoreciendo a los bandidos?
La amenaza de Márquez y demás no es menor. Las “disidencias”, que nunca se desmovilizaron, controlan los frentes más directamente vinculados contra el narcotráfico, ricos y poderosos, entre ellos el 1, 7, 16, 40 y 48, y tenían como mínimo 900 hombres en armas. La Fuerza Pública calcula en 1.700 los “reincidentes”. Entre unos y otros, 2.600. Hay que agregar las redes logísticas. Y se anuncia una coordinación de acciones con el Eln que, según una fundación de izquierda, tenía 3.000 hombres en el 2016. Sumados, 5.600 en armas más las estructuras de apoyo.
El Estado tiene la obligación de combatir con todos sus recursos estos bandidos, en el marco del derecho internacional humanitario. Tiene que resolver una situación esquizofrénica: tenemos un orden constitucional y legal, una institucionalidad, una doctrina militar, una disposición de fuerza en el terreno y un presupuesto de postconflicto, pero una realidad de conflicto armado. Acá “paz” nunca ha habido (los homicidios crecieron un 6.6% el año pasado) y ahora, con el anuncio de Márquez, esa realidad no podrá ser negada.
Si no se resuelve esa esquizofrenia estaremos en el peor de los escenarios: unos violentos riquísimos por cuenta del narcotráfico y la minería ilegal, que aprovechan las ventajas del pacto de Santos y tienen el apoyo del régimen chavista y una sociedad maniatada porque no tendrá las herramientas normativas, institucionales, de doctrina y estructural militar y policial y de presupuesto que necesita para enfrentarlos.
Para rematar, una sociedad y unas élites políticas no solo polarizadas sino con fracturas profundas y sin acuerdos mínimos para combatir a los violentos y el narcotráfico ni sobre las maneras para hacerlo.
No, no es “una tormenta en un vaso de agua”, es un peligro inmenso y real.
Publicado: septiembre 3 de 2019
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