Nunca sabremos con exactitud la cifra de personas muertas que dejó la tragedia de Quebrada Blanca, ocurrida la tarde del viernes 28 de Junio de 1.974. Lo que sí sabemos es que la mayoría de esas muertes -más de 300 personas- se habría podido evitar si se hubiesen tomado las decisiones correctas.
A comienzos de ese año se había detectado que algo no estaba bien entre Monterredondo y Guayabetal; los derrumbes eran cotidianos, y una grieta de inmensas proporciones fue descubierta, por lo que los ingenieros del entonces Distrito 13 de Carreteras, ayudados por el Ejército, trataron infructuosamente de generar un derrumbe controlado.
La vía estaba cerrada desde el jueves anterior a la tragedia; sin embargo, los conductores y pasajeros que esperaban en la inmensa fila de vehículos, se desesperó y casi que obligaron a los encargados a reabrir la vía, y justo en ese momento, cuando apenas habían pasado nueve carros, cuentan los sobrevivientes que se oyó un estruendo como el de un temblor de tierra, y una explosión de aire devenida del derrumbe empujó hacia el abismo a todo cuanto encontró a su paso; acto seguido una avalancha de tierra y lodo sepultó vivos a por lo menos 200 de las más de 300 víctimas que se cree, dejó la tragedia. Ante la imposibilidad de rescatar los cadáveres, la zona fue declarada Campo Santo.
Han pasado 45 años de aquel viernes nefasto, y la carretera Bogotá Villavicencio no solo no está terminada, sino que además sigue presentando cierres y cobrando vidas, como ocurrió con el fallido viaducto de Chirajara que en 2018 dejó al menos 9 muertos en una obra que por cierto; fue inaugurada con bombos y platillos por Juan Manuel Santos, cuyo contubernio con la concesionaria encargada de la vía, lo llevó a firmar otrosíes absurdos, dejando al garete la previsión y supervisión de las obras para librar a los privados de su responsabilidad, y conminando a los colombianos a pagar como se dice en el argot popular; «las habas que se tragó el burro»
Si comparamos la vía que teníamos a finales del siglo pasado con la de hoy pues es mucho lo que se ha avanzado, y es apenas lógico si se tiene en cuenta que desde 1994, cuando el gobierno de turno decidió entregar la vía en concesión se han invertido casi 10 billones de pesos. Pero el beneficio de esta inversión no se ha visto reflejado, y hasta hoy se presentan cierres que generan pérdidas multimillonarias para nuestra región, y esto por cuenta de un privado al que poco o nada se supervisó en 25 años que lleva usufructuando una vía que los llaneros hemos pagado casi 3 veces.
Hoy cuando después de 8 años el Jefe de Estado vuelve a ver nuestra región, el panorama parece aclararse. No son pocos los esfuerzos del gobierno del Presidente Iván Duque, quien desde el inicio del cierre de la vía hace tres meses, ha estado al frente de la situación y con una inversión inicial de 120 mil millones de pesos, se logró que desde esta semana, y de manera gradual, se permita a miles de pasajeros y transportadores de carga pesada utilizar este importante corredor vial, lo que aliviará el bolsillo de los usuarios y permitirá agilidad en la recuperación económica de los sectores que vieron afectados.
Reitero; nunca sabremos con exactitud la cifra de personas muertas que dejó la tragedia de Quebrada Blanca, pero sí sabemos que no puede repetirse. Nada justifica la pérdida de vidas, y en este sentido, contrario a lo ocurrido en anteriores ocasiones, el Gobierno en cabeza del Ministerio de Transporte ha priorizado la seguridad de los usuarios; y aunque muchos usuarios no entiendan, e incluso, algunos candidatos politiqueros por ganar likes en redes sociales, inciten a los ciudadanos a desobedecer los cierres preventivos, lo más responsable es acatar las directrices para salvaguardar la integridad.
Hoy el gobierno ha entendido que las medidas de seguridad deben mantenerse con estricto cumplimiento, porque si algo nos enseñó la tragedia de Quebrada Blanca, es que la primera obligación del Estado es preservar la vida y los intereses de los ciudadanos.
Muy importante; debe establecerse -y con urgencia- las responsabilidades no solo económicas, sino además de tipo penal. No puede ser que que se caiga un puente por fallas humanas, dejando 9 muertos, y que Coviandes se limite a decir que «el seguro contractual cubre los daños», como si la muerte de 9 trabajadores no hubiese dejado a 9 familias sumidas en el dolor y la incertidumbre, esto no es un juego de monopolio en el que lo importante es ganar dinero, sin importar el daño causado a la vía y a la economía de una región que ha sido, es, y seguirá siendo la despensa agrícola y ganadera de media Colombia. Feliz semana.
Publicado: septiembre 20 de 2019
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