No es la primera, ni será la última vez que me valga de este espacio para hacer comentarios frente a la injusticia que se está cometiendo contra el presidente Uribe, quien en los próximos días comparecerá ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para atender un llamado a indagatoria.
Como congresista del Centro Democrático, pero sobre todo en mi condición de ciudadana que conoce hace muchos al presidente Uribe, no tengo la menor duda de su inocencia, de su verticalidad y de su proceder, siempre ajustado a las leyes.
Al igual que todos los colombianos, he visto cómo, desde hace décadas, sectores oscuros de la criminalidad, esa misma a la que el presidente Uribe ha enfrentado sin dar su brazo a torcer, tiene el sucio objetivo de acabar con su vida, con su honor y con su buen nombre.
No podemos olvidar que el caso por el que Álvaro Uribe ha sido llamado a indagatoria, empezó por una denuncia que él mismo presentó en contra de Iván Cepeda, sujeto oscuro que desde hace 15 años ha recorrido los lugares más horribles de Colombia, buscando falsos testigos contra el presidente de la Seguridad Democrática.
Cepeda, cuya cercanía con la extrema izquierda es más que evidente, se metió a las cárceles de máxima seguridad de Colombia y Estados Unidos, con la esperanza de encontrar a alguien que se atreviera a mentir en contra del presidente Uribe. Se ha denunciado, por parte de muchos de los delincuentes que fueron abordados, que él -Iván Cepeda- ofreció beneficios tales como dinero, ayudas a sus familiares y asilo político.
Viendo el rumbo que tomó este caso, que empezó por una denuncia del expresidente y que ahora lo tiene a él en condición de indiciado, no dudo en concluir que el proceso contra el presidente, ha carecido de garantías y de equilibrio.
¿Cómo así que le interceptaron su teléfono sin que mediara orden judicial? ¿Cómo así que el magistrado auxiliar que cometió ese delito, en vez de ser investigado y condenado, fue premiado con un cargo en la JEP? ¿Cómo así que las transcripciones de sus conversaciones, como la que sostuvo con Sergio Araujo, fueron alteradas por parte de los funcionarios encargados de oírlas?
Ahora, ha trascendido que otro exmagistrado, que hizo parte del grupo de perseguidores contra el uribismo, anda diciendo a los 4 vientos que el presidente Uribe “hablaba a través del teléfono de un bandido”. Falso de toda falsedad. Desde hace muchos años, él ha tenido un solo teléfono y ese fue el que el magistrado Barceló ordenó interceptar ilegalmente.
El debido proceso y la presunción de inocencia, son derechos inalienables de todos los ciudadanos. Con tristeza, profunda desesperanza y frustración, hemos registrado que el caso del presidente Uribe, está cargado de irregularidades y falsedades, lo que desemboca en un insoportable pisoteo a sus derechos.
La indagatoria que se avecina, será un momento de trascendental importancia para que a la corte suprema le quede claro, de una vez y para siempre, que el presidente Uribe es víctima de un monumental complot y que la persona que tiene que estar bajo la mirada de la justicia, es Iván Cepeda.
Publicado: septiembre 30 de 2019
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