Si algo tiene el presidente Uribe, es autoridad moral y política para denunciar con verticalidad el caso de Odebrecht, por una razón elemental: ha sido coherente, cuando de sancionar a personas cercanas a él ha correspondido.
Hay que hacer un poquito de historia: la persona que estaba en el primer lugar de la fila presidencial, en las toldas del uribismo, era el señor Óscar Iván Zuluaga, quien se consideraba con el derecho adquirido de ser el candidato del Centro Democrático para las elecciones de 2018.
Un año y medio antes de que aquellas elecciones tuvieran lugar, estalló el escándalo de Odebrecht y desde el primer momento, empezó a ventilarse la tesis de que Zuluaga también había favorecido su campaña de 2014 con plata de esa empresa.
El presidente Uribe, tan pronto conoció los primeros detalles de aquel hecho, convocó a Zuluaga con el propósito de oír sus explicaciones.
Una cosa es el manejo considerado que Uribe le ha dado a ese caso, pero los hechos hablan por si mismos.
Es evidente que Zuluaga dio explicaciones vagas -y cargadas de mentiras e imprecisiones-, las cuales no dejaron tranquilo al presidente Uribe, quien no se quedó cruzado de brazos y estimuló que se adelantara un procedimiento al interior del Centro Democrático con precandidatos presidenciales, distintos a Zuluaga.
Cuando Zuluaga envió una carta solicitando que su nombre fuera incluido en el listado de precandidatos, el presidente Uribe tuvo claro que la presencia de su exministro de Hacienda en la contienda, le resultaba nociva a su partido, razón por la que no dudó un instante en impedir que él se inscribiera.
Fue una decisión difícil, pero la convicción de Uribe era absoluta: mientras no se resolviera la investigación penal contra Zuluaga y su hijo David -gerente de la campaña de 2014-, no era admisible que él compitiera con Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y Rafael Nieto, los precandidatos de su partido.
En palabras sencillas: el inocultable vínculo que tuvo la campaña de 2014 con Odebrecht -empresa que le pagó más de $1.6 millones de dólares al publicista DudaMendonça- liquidó la carrera política de Óscar Iván Zuluaga.
Hay algo claro: el presidente Uribe jamás va a ser el verdugo de sus compañeros de brega política, pero tampoco será su encubridor. Él lo ha dicho una y otra vez: si alguien vinculado con su gobierno o con su partido político participó en el caso de Odebrecht, deberá poner la cara y asumir las consecuencias judiciales que ello implique.
Ahora bien: si los uribistas involucrados -que hay muchos- le mienten al presidente Uribe y le ocultan información, eso es problema de ellos. Al final del día, la verdad terminará aflorando.
Otro de los señalados de haber recibido platas de esa empresa, es el señor Andrés Felipe Arias, recientemente extraditado desde los Estados Unidos. Arias, le ha dicho una y otra vez al doctor Uribe que no tuvo ninguna relación con Odebrecht.
Ante aquella respuesta, será la justicia la que dilucide quién dice la verdad: si el condenado exministro de Agricultura, o los múltiples testigos que tienen la información sobre la supuesta manera como él recibió esos dineros, a través de terceros.
Lo cierto es que se equivocan quienes pretenden silenciar las denuncias de Uribe y el liderazgo que él ha observado denunciando la operación criminal que se perfeccionó entre Juan Manuel Santos y Odebrecht, empresa que desde 2010 fue una de las principales benefactoras de sus campañas políticas.
El presidente Uribe no solo no debe apartarse de ese caso, sino que tiene el deber con la sociedad colombiana de continuar denunciando la que fue, sin duda ninguna, la operación de corrupción más grande que se ha registrado en nuestra historia republicana.
Publicado: agosto 5 de 2019
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