La Corte creó un expediente secreto para investigar a Uribe, lo chuzó ilegalmente al “confundirlo” con otro parlamentario y, para colmo de males, los agentes del CTI transcribieron mal las interceptaciones con errores tan graves que dieron paso a que Daniel Coronell sembrara cizaña en contra de la honorabilidad del Presidente.
Sin embargo, más allá de la gravedad de lo que esto representa, las circunstancias en que se dieron abren la puerta a plantearse serios cuestionamientos sobre el actuar de los jueces y fiscales de este País.
Como tal, si estas actuaciones ocurrieron en el seno de la Corte Suprema de Justicia, la mayor autoridad de la jurisdicción ordinaria, y en el nivel más alto del CTI de la Fiscalía, ¿qué garantías tienen los ciudadanos de a pie cuando afrontan un proceso judicial?
Es decir, si la justicia colombiana no tiene los más mínimos escrúpulos para chuzar ilegalmente y transcribir con inexactitudes las conversaciones de un Presidente de la República, ¿quién garantiza que lo mismo no está sucediendo con todas aquellas personas que por cualquier razón, siendo culpables o inocentes, están vinculadas de alguna manera a una investigación?
En efecto, desde la época del nefasto sistema radial acusatorio que instauró el Fiscal Eduardo Montealegre, donde se trasladaba la toma de decisiones de las salas de audiencias a los micrófonos de Caracol Radio, se volvió costumbre filtrar los expedientes judiciales a los periodistas antes que respetar la reserva sumarial a la que todo procesado tiene derecho.
La consecuencia, sin lugar a dudas, ha sido demasiado dañina para la institucionalidad nacional. Ahora, en vez de controvertir los argumentos y las pruebas en los estrados ante un juez, es necesario debatir la inocencia o culpabilidad de un procesado ante unos medios que en busca de titulares y mayor rating acuden fácilmente a condenar a las personas, así sean inocentes.
Por ello, uno de los aspectos más importantes que se deben tratar en una próxima reforma a la justicia es el cómo detener de manera inmediata los abusos que se están generando desde el interior de los despachos judiciales.
La reserva sumarial, el respeto al debido proceso y darle la oportunidad al procesado de contra su versión de la historia son garantías básicas que toda persona debe tener. Nadie está exento de afrontar en algún momento de la vida una investigación judicial y nuestras autoridades no pueden caer en la tentación de acudir a la arbitrariedad cuando lo que está de por medio es la libertad de un ser humano.
Por supuesto que hay que afrontar la delincuencia con toda severidad y acudir a la mano firme para derrotar crímenes que tienen azotados a los ciudadanos como el terrorismo, el narcotráfico o la extorsión. Sin embargo, un inocente en la cárcel es mil veces peor que un culpable en la calle.
Hay que controlar a la Justicia.
Publicado: agosto 14 de 2019
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