El montaje que el cuestionado exmagistrado de la corte suprema, José Luis Barceló, erigió contra el presidente Uribe, es de tamaño oceánico. Su decisión, por razones ideológicas, era encarcelar al exmandatario, al precio que fuera.
Para imprimirle un poco de “credibilidad” a la investigación adelantada contra el jefe del Centro Democrático, Barceló ordenó interceptar ilegalmente sus comunicaciones, operación criminal que se perfeccionó a través de la fiscalía, cuando ese organismo estaba en manos de los cuestionados Eduardo Montealegre, Jorge Fernando Perdomo y el CTI era dirigido por Danny Julián Quintana, quien en días pasados tuvo que rendir interrogatorio por irregularidades en el manejo de las salas de interceptación de la fiscalía. No se descarta que en el futuro inmediato, Quintana sea llamado a imputación de cargos.
En diálogo con LOS IRREVERENTES, el doctor Abelardo De La Espriella, quien en múltiples ocasiones ha representado al presidente Uribe, aseguró que “es fundamental que a él se le respete el debido proceso y la presunción de inocencia. No me cabe la menor duda de que en la fiscalía de Montealegre y Perdomo, él, como líder indiscutible de la oposición al gobierno de Santos, fue perseguido inclemente e ilegalmente. Siempre he confiado en la transparencia y en la pulcritud del presidente Uribe y aquello se puede confirmar ante cualquier tribunal”.
El presidente Uribe ha sido claro al solicitar que la corte suprema, en un acto de transparencia, haga públicas las grabaciones de todas las llamadas que le fueron ilegalmente grabadas y los mensajes de texto que le fueron interceptados. Se trata, según él, de 21 mil interceptaciones, todas ellas realizadas durante la campaña política.
Acá nadie puede llamarse a engaños: el presidente Álvaro Uribe es víctima del más atroz de los montajes. Como sus enemigos no han podido derrotarlo en las urnas, ni han logrado acabar con su vida en los múltiples atentados terroristas perpetrados en su contra, resolvieron echar mano de la administración de justicia para sitiarlo.
En un comunicado de prensa sobre el particular, el doctor Uribe Vélez lo expuso de manera indiscutible: “El magistrado que me investigaba, filtró a contradictores míos el expediente que armaba en mi contra, lo que aprovecharon para hacer publicaciones incompletas, editadas y difamantes de mi honra”.
No deja de ser lamentable que la justicia colombiana, que debería concentrarse a perseguir a los delincuentes, se preste para hacer ajustes de cuentas por motivos políticos. Aquello, que le desluce a la majestad de la rama jurisdiccional, se constituye en un menoscabo absoluto a la democracia colombiana.
Así las cosas, hay que acompañar al presidente Uribe porque él está siendo objeto de un montaje demoledor, urdido por unos pocos salvajes que lograron incrustarse en la corte suprema, no para ejercer sus cargos con apego a las normas, sino para ejercer como vulgares operadores políticos.
Publicado: agosto 6 de 2019
a él se le debe respetar el debido proceso, pero a los demás sindicados no?????
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