Después de una injustificada y nauseabunda dilatación, el politizado consejo nacional electoral, tomó la tardía decisión de investigar al corrupto expresidente, Juan Manuel Santos, para efectos de que responda por las ilegalidades que se cometieron en la financiación de su campaña reeleccionista, la cual fue generosamente irrigada con dineros de la corrupción de Odebrecht.
Según el comunicado del máximo tribunal electoral de Colombia, se “abre indagación preliminar con ocasión de la compulsa de copias efectuada por la Fiscalía General de la Nación, por la presunta infracción al régimen financiación de campañas de segunda vuelta presidencial de 2014, del ex candidato Juan Manuel Santos Calderón…”.
Abundan las evidencias que confirman el maridaje de Santos con Odebrecht. Esa empresa, que patrocinó la primera elección en 2010, en la reelección de 2014 puso a circular miles de millones de pesos en la tesorería de la campaña de Juan Manuel Santos.
Desde hace varios meses se han ventilado las evidencias de las ilegalidades cometidas por Santos. El presidente Uribe, hace más de dos años, entregó una denuncia en la fiscalía general de la nación que brinda todos los detalles y los montos y los testaferros que fueron utilizados para mover esos dineros.
No se entiende por qué la justicia se ha tardado tanto en llevar a la cárcel a una persona clave en ese entramado de corrupción, como es el delincuente Esteban Moreno, quien en privado ha enviado toda suerte de amenazas, asegurando que si él habla, el establecimiento colombiano trepidará.
Desde ya, el abogado de Santos en este caso, el muy cuestionado Alfonso Portela -integrante de un grupo de personas que llevan años enteros entrometiéndose en procesos electorales, denominado “el combo de Purificación”, en virtud del municipio tolimense del que esas personas son oriundas- anunció que la investigación contra Santos no podrá surtirse, por cuenta de que ésta ya cumplió los términos para decretar su caducidad.
Vergonzoso que un sujeto como Santos, que pasea por el mundo posando como un apóstol de la paz, recurra a toda suerte de artimañas jurídicas para evitar ponerle la cara a la sociedad y responder por los delitos gravísimos que se cometieron durante su campaña.
Que nadie se sorprenda si Santos, que en su momento dijo que “me acabo de enterar”, cuando Roberto Prieto confesó que efectivamente Odebrecht había donado más de $400 mil dólares para la campaña de 2010, le da la espalda a sus compinches, los traicione y diga, como Ernesto Samper, que lo ocurrido en su campaña de 2014, “fue a sus espaldas”.
Santos es un traidor, un mentiroso, un estafador y un canalla de la más baja catadura. No le implicará mayor esfuerzo traicionar a los testaferros que ejecutaron, por orden suya, el ingreso de dineros de Odebrecht a sus arcas.
A falta de justicia, buena es la sanción social y desde ya, el país debe empezar a señalar con el dedo y repudiar a Santos y todo lo que tenga que ver con él. No es admisible que ese individuo tenga algún tipo de vigencia o de influencia sobre nuestra sociedad. Él, el decano de la corrupción en nuestro país, no puede quedar impune ni mucho menos, gozar de la benevolencia del pueblo.
Publicado: agosto 15 de 2019
4.5
4
5