Legítima la indignación que ha despertado la espantosa noticia en el sentido de que el Estado colombiano tendrá que pagar la astronómica suma de $1.2 billones de pesos, al consorcio Ruta del Sol II, como consecuencia de la cancelación temprana del contrato que existía con Odebrecht y sus socios.
Colombia es de los pocos países -posiblemente sea el único- en el que la empresa Odebrecht no ha sido efectivamente sancionada, a pesar de estar indiscutiblemente comprobado que esa firma pagó multimillonarios sobornos para lograr la adjudicación de obras de infraestructura.
Así como Odebrecht compró las elecciones de los presidentes de Perú y Brasil, no hay duda ninguna que esa empresa hizo lo propio respecto de Juan Manuel Santos, quien resultó elegido en 2010 y reelegido en 2014, gracias a los multimillonarios aportes que, por debajo de la mesa, hizo esa firma a las tesorerías de sus campañas presidenciales.
De acuerdo con las normas legales vigentes, la cancelación unilateral y anticipada de un contrato, hace que la nación asuma todos los costos económicos que esa decisión acarrea.
En el gobierno de Santos, sin que mediara concepto jurídico alguno, el entonces Superintendente de Industria y Comercio, el perseguidor Pablo Felipe Robledo, le ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura, cancelar en menos de 72 horas el contrato celebrado con el consorcio, en el que Odebrecht fungía como controlante.
De acuerdo con el criterio de expertos que gozan de la más alta respetabilidad, el Estado debió haber decretado la nulidad del contrato que existía con el consorcio Ruta del Sol II, figura que habría blindado las finanzas públicas, pues como consecuencia de aquella, la nación no solo no habría tenido que pagar un centavo, sino que todos, absolutamente todos los costos, habrían recaído sobre Odebrecht y sus socios.
La pregunta que hay que hacer en este momento de profunda y justa irritación, es ¿por qué el cuestionado Pablo Felipe Robledo le hizo semejante favor a Odebrecht, auxilio que le costará más de $1 billón de pesos a los asfixiados contribuyente?
El caso de Odebrecht ha tenido muchos cómplices. El primero de ellos es, por supuesto, Juan Manuel Santos quien le pignoró la dignidad de la presidencia de la República a esa empresa, que más parece un cartel del crimen organizado que una firma de construcción. Y por debajo de Santos, está el exsuperintendente Robledo, a quien tanto la procuraduría como la fiscalía deben investigar inmediatamente.
El planeta entero sabe que Odebrecht compró con plata contante y sonante a miles de personas. Robledo está bajo sospecha y, en consecuencia, lo mínimo que el país espera en este momento es que las autoridades competentes lo investiguen y esclarezcan por qué él, valiéndose del poder que ostentaba, prefirió ponerse al servicio de los intereses de la empresa y no de los colombianos.
Al decir popular, “no hay almuerzo gratis”. Urge saber a cambio de qué el señor Robledo se desprendió de su condición de superintendente, para ejercer como salvador de la más corrupta de las empresas de que haya registro en la historia de la humanidad.
Publicado: julio 25 de 2019
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