Las grabaciones que hasta ahora han sido reveladas, confirman que Santos, a punta de contratos públicos, mantuvo sobornado al gerente de su campaña, el delincuente confeso, Roberto Prieto Uribe, encarcelado por la comisión de múltiples delitos.
Una de las entidades que favoreció a Prieto, fue el ministerio de Comercio. En efecto, el propio exgerente, en una de las llamadas telefónicas que le fueron interceptadas, confesó que Santos directamente llamó a la entonces ministra de Comercio, María Claudia Lacouture para que le diera un contrato a su empresa, Marketmedios.
Cuando Prieto habló con la exministra para finiquitar los detalles de aquel contrato, éste la invitó a que se reunieran en su casa. La señora Lacouture le respondió que “no, porque nos vamos a esconder”.
¿Esconder? ¿Así se manejó toda la contratación durante los 8 años del régimen santista?
Indigna que la señora Lacouture no esté siendo investigada, pues ella evidentemente utilizó recursos públicos para sobornar a un testigo contra el presidente de la República, pues si alguien puede hundir a Juan Manuel Santos por las ilicitudes que se cometieron en la financiación de sus campañas presidenciales, esa persona es Roberto Prieto.
Otro testigo, cuyo silencio fue comprado por el gobierno de Santos, es la señora Aracely Rojas Salinas, quien fungió como contadora de la campaña reeleccionista. Rojas y Prieto fueron los encargados de maquillar la contabilidad, para efectos de que las autoridades no pudieran descubrir el brutal ingreso de dineros de Odebrecht.
A través del decreto 0608 del 7 de abril de 2015, la señora Araceli Rojas fue nombrada como cónsul general de Colombia en Los Ángeles. Luego, el 22 de enero del año pasado, fue enviada a ocupar ese cargo en la ciudad de Colón, en Panamá -Decreto 162-. Estuvo en ese puesto hasta el pasado 26 de junio, cuando fue notificada por el gobierno del presidente Iván Duque que sería retirada del cargo, el cual deberá abandonar antes del 26 de agosto del presente año.
Lo cierto es que el gobierno de Santos, a través de un nombramiento consular, compró el silencio de la señora Rojas Salinas, quien durante largos años percibió un ingreso de US$9.344 dólares mensuales, cerca de $29 millones de pesos, dinero que fue desembolsado por el ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de la cuestionada María Ángela Holguín.
Es evidente que en todo esto hay una empresa criminal y que los implicados fueron sobornados con recursos del erario, razón por la que es urgente que la justicia imponga las respectivas sanciones.
Dado que esto requiere de la intervención de abogados externos, no estaría de más que aquellos juristas que en público y en privado han expresado su rechazo y estupor por el carrusel de corrupción que se montó durante el gobierno de Santos, unan sus esfuerzos para efectos de elaborar las respectivas denuncias que sirvan como punto de partida para la investigación que es necesario llevar a cabo, en contra de Prieto, la excónsul Rojas Salinas y, por supuesto, la exministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.
Publicado: julio 26 de 2019
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