Lo de Sántrich es un desafío inaudito, una burla, una mamadera de gallo inadmisible. El gobierno uribista de Iván Duque no puede permitir que ese mafioso utilice a la sociedad colombiana como trapo viejo con el que se limpia sus mugrosas sandalias.
Como era previsible, el delincuente Sántrich no se presentó a la diligencia de indagatoria a la que fue citado por la sala de instrucción de la corte suprema se justicia, tribunal que hizo todo lo que estuvo a su alcance para facilitar su fuga.
Bien harían las autoridades estadounidenses si entran a revisar el manejo cómplice que buena parte de los magistrados de la sala de instrucción de la corte, le han dado al caso de Sántrich.
Que nadie se llame a engaños: el capo de las Farc pudo fugarse gracias a la laxitud de aquellos magistrados que resolvieron citarlo a indagatoria sin ordenar previamente su captura. El mensaje de esos togados era evidente: Sántrich estaba notificado con la suficiente antelación para efectos de planificar y emprender la fuga, como efectivamente sucedió.
El balón ha quedado en el terreno del gobierno nacional. Al precio que sea, los organismos de seguridad del Estado están en el deber de identificar y neutralizar al narco Jesús Sántrich quien, de acuerdo con informaciones de inteligencia, se encuentra escondido en Venezuela con Iván Márquez, terrorista que estaría liderando el rearme de las Farc.
Así como en los años 90 del siglo pasado los gobiernos de la época organizaron sendos bloques de búsqueda para enfrentar a los capos de los carteles de Medellín y Cali, el presidente Duque está en la obligación de poner en marcha operaciones similares para efectos de impedir que la estructura criminal de Márquez y Sántrich se consolide como una amenaza real contra la seguridad nacional.
El crimen organizado se enfrenta con acciones concretas. El presidente Duque ha sido contundente en los adjetivos utilizados frente a Sántrich, pero aquello no es suficiente. La verticalidad en el discurso debe ir acompañada de acciones concretas.
Hoy por hoy, el cartel integrado por Sántrich y Márquez es la más grande amenaza que se cierne sobre el país. Así que, sin contemplaciones ni falsas cortesías, el gobierno está en el deber de enfrentar ese desafío a través del uso de la fuerza estatal.
Probado está que el proceso de paz es una farsa. Santos firmó un papel que le sirvió para reclamar su Nobel de Paz, pero las Farc quedaron totalmente activadas a través de las denominadas “disidencias”, esas mismas que hoy están al mando de Márquez y Sántrich.
Ahora bien: las responsabilidades deben extenderse a los demás miembros de esa organización criminal, pues queda en evidencia que las Farc están implementando la vieja táctica de la combinación de formas de lucha. Unos miembros de esa banda criminal fungiendo como congresistas y otros, en el monte, manejando el fabuloso negocio del narcotráfico con el que se financian todas las actividades terroristas y también proselitistas del supuesto partido político de las Farc.
Queda claro que el acuerdo Santos-Timochenko quedó hecho trizas por cuenta de la falta de seriedad de las Farc, organización que claramente utilizó el proceso para continuar delinquiendo.
Ahora, la pregunta que corresponde hacerle al presidente Duque es si él va a permitir que esos mafiosos continúen tomando del pelo. ¿Va a permitir que Sántrich, desde la clandestinidad, reorganice una estructura delincuencial con capacidad de desestabilizar al Estado?
Publicado: julio 10 de 2019
5
3.5