Cada vez son más fuertes las evidencias que confirman que entre Juan Manuel Santos y Odebrecht, más que una relación, existía una verdadera complicidad criminal.
Santos ganó sus dos elecciones gracias al dinero corrupto que Odebrecht le inyectó a sus campañas. Así el expresidente diga que no sabía, una operación de semejante magnitud es imposible de perfeccionar sin el conocimiento del beneficiario directo, que en este caso era él.
Así como resulta imposible creer el cuento de Ernesto Samper según el cual, el cartel de Cali le donó miles de millones de pesos a su campaña, “a sus espaldas”, es inverosímil que Santos no hubiera sabido nada del caso Odebrecht.
Lo cierto es que, de acuerdo con revelaciones recientes, los directivos de la empresa brasilera le ocultaron información valiosa a las autoridades estadounidenses que investigaron a aquel entramado de corrupción, hecho que seguramente traerá graves consecuencias para los implicados a quienes seguramente se les empezará a refrescar la memoria, una vez reciban la intimidante visita de los agentes del FBI encargados de investigar el caso.
Mientras en Perú hay expresidentes en la cárcel por ese caso, en Colombia son muy pocos los responsables que están pagando por ese delito.
Hay que recordar una y mil veces que el delincuente Roberto Prieto no está condenado por el caso Odebrecht, sino por otros delitos que se vio forzado a confesar. Así que quien sea designado como nuevo fiscal general de la nación, tendrá que adquirir el compromiso firme con Colombia de llevar hasta las últimas consecuencias el caso de Odebrecht, caiga quien caiga.
Hay que decirlo: en le uribismo, también hay culpables. Además del nauseabundo episodio de la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la que la empresa le irrigó una importante suma de dinero asumiendo el pago del estratega de la misma, el desaparecido Duda Mendonça, hay otras personas que en algún momento deberán aclarar sus vínculos corruptos con esa firma de ingeniería, entre ellos un exministro al que la empresa tuvo durante largos años en su nómina, pagándole una jugosa mensualidad. ¿Cuál era el objeto del supuesto contrato celebrado con el exfuncionario? Ese interrogante debe ser dilucidado por la justicia colombiana, toda vez que la persona en cuestión habilidosamente ha evitado referirse a ese episodio.
El presidente Uribe ha sido coherente y vertical en la denuncia del caso Odebrecht. Mucho de lo que el país ha conocido se debe gracias a la consistencia del exmandatario, quien de manera directa ha hecho gravísimas revelaciones, con nombres, lugares y montos.
Si hoy el exviceministro santista, Luis Miguel Pico, está condenado y en la cárcel, es gracias a las denuncias hechas por el doctor Uribe Vélez.
Pero el asunto no puede quedar ahí: Juan Manuel Santos y su círculo más cercano de colaboradores -incluido su hijo Martín- tienen que ponerle la cara a la justicia y responder por la financiación de la campaña, particularmente la de 2014, cuando rodaron miles de millones de pesos para lograr la reelección.
En aquella campaña, los cerebros de la financiación fueron, además de Martín Santos -a la postre presidente de la denominada Fundación Buen Gobierno- y Roberto Prieto, personajes siniestros como Juan Mesa Zuleta y Germán Vargas Lleras.
Colombia tiene que pasar la página de la corrupción y para que ello pueda lograrse, urge que la justicia cumpla con su deber. La impunidad alienta a los delincuentes. ¿Cómo es posible que las exministras de Santos, Gina Parody y Cecilia Álvarez sigan libres, a pesar de las múltiples pruebas que pesan en su contra?
Antes de elaborar la terna que deberá presentar ante la corte suprema, tribunal que tiene la competencia exclusiva de elegir al nuevo fiscal general de la nación, el presidente Duque está en la obligación de asegurarse que quienes sean incluidos en la misma, sean personas que adquieran el compromiso con Colombia de llegar hasta el fondo en el caso Odebrecht, sin duda el peor episodio de corrupción de la historia nacional.
Publicado: julio 3 de 2019
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