La justicia estadounidense no se pone a darle vueltas a los asuntos. Cuando una persona viola las leyes, tiene que responder, sin consideración ninguna.
El exministro Arias, condenado a más de 17 años de prisión por el caso de Agro Ingreso Seguro, trató de ganar su juicio de extradición en Miami, presentándose como un perseguido en Colombia. Su defensa hizo que el presidente Uribe se hiciera presente en la corte, creyendo que aquello haría que el juez de la causa comprara la tesis de que estaba ante un caso político. La estrategia falló y el exfuncionario, después de perder en todas las instancias, terminó extraditado.
Los jueces norteamericanos son rigurosos a la hora de aplicar la justicia.
Y aquello se cumplió en el juicio contra el capo alias El Chapo Guzmán quien luego de un largo juicio, fue sentenciado a cadena perpetua, más 30 años, condena que deberá pagar en una de las cárceles más seguras y rigurosas de los Estados Unidos, la ADX Supermaxen el estado de Colorado, lugar en el que el jefe terrorista de las Farc, alias Simón Trinidad, purga la pena de 60 años que le fue impuesta por los delitos de homicidio, secuestro y terrorismo.
Guzmán Loera, quien fue capturado en México y extraditado a los Estados Unidos en enero de 2017, con el propósito de atender un requerimiento de la corte de Nueva York, fue sometido a un largo juicio en el que el jurado concluyó que era culpable de múltiples delitos, entre otros el de haber introducido más de mil doscientas toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
Como jefe del denominado Cartel de Sinaloa, alias El ChapoGuzmán inundó a los Estados Unidos con cocaína fabricada en Colombia y proveída, mayoritariamente, por la banda terrorista de las Farc.
Así que resulta totalmente incomprensible que un juez estadounidense imponga una justa condena de cadena perpetua al capo que transportó la cocaína desde México, mientras que los fabricantes y proveedores de esa sustancia ilícita gocen de total impunidad en Colombia, al punto inaudito de que 10 de los cabecillas de las Farc -todos involucrados en el tráfico de estupefacientes- fueron favorecidos con curules gratuitas en el Senado y la Cámara de Representantes.
La conclusión es dolorosa. Aquellos que se indignan cuando califican a Colombia como un “narcoestado”, no tienen argumentos para controvertir los hechos. Mientras un juez de Nueva York envía a un calabozo al Chapo, para que pase encerrado el resto de su vida, nuestra justicia hizo lo imposible para permitir que uno de los capos de las Farc, el extraditable alias Jesús Sántrich, pudiera fugarse.
Es una vergüenza. Primero la JEP y luego la corte suprema de justicia, se emplearon a fondo para sacar a Sántrich de la cárcel y facilitar su fuga hacia Venezuela, país en el que debe estar disfrutando de la juiciosa protección de los esbirros del tirano, Nicolás Maduro.
Las sociedades progresan cuando la justicia garantiza castigos ejemplarizantes a quienes son un peligro para la sociedad. Una vez se conoció la sentencia proferida en contra del ChapoGuzmán, la fiscal de Florida, Ariana Fajardo Orshan, aseveró que “esta condena perpetua es el único resultado justo para alguien que pasó toda su vida envenenando a nuestro país. El Chapo fue culpable de secuestro, corrupción, tortura y hasta asesinato”.
Triste y deprimente paralelismo. En Estados Unidos, el capo de capos fue enviado a una cárcel de máxima seguridad, de la que jamás volverá a salir. En Colombia, en cambio, la corte suprema facilitó la fuga del mafioso Sántrich, socio del Cartel de Sinaloa.
Publicado: julio 18 de 2019
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