Colombia vive un panorama de incertidumbre, desconfianza y escepticismo a raíz de la relación fría y distante que tiene buena parte de la ciudadanía con los políticos y las instituciones. Advertimos cómo la lucha contra la corrupción se ha tomado el centro de la agenda nacional, pero los resultados de la lucha contra este cáncer no han sido los esperados por todos los colombianos. En forma concomitante, vemos cómo personajes con todo tipo de interrogantes y tachas en sus hojas de vida, buscan reaparecer en la vida pública en las elecciones regionales de octubre. La gran mayoría de ellos con un lema muy particular “defensores de la paz”.
En un país donde la paz ha sido instrumentalizada para dividir a la ciudadanía y estigmatizar a quienes nos hemos manifestado en la búsqueda de justicia y protección de las instituciones, hoy vuelve a ser usada como bandera electoral por nombres indefendibles. Algunos de estos señores aspiran a cargos en las elecciones regionales con el fin de mantener el poder de casas electorales tradicionales que llevan a cuestas graves vicios de corrupción. La paz, que prometía engendrar una democracia más fuerte, abierta, con nuevas costumbres políticas y más participación de nuevos actores, hoy sepulta esa promesa y se convierte en excusa macabra para que rancias casas políticas se perpetúen en el tiempo.
Basta con revisar algunos de los nombres que hoy emergen como las opciones para llegar al poder regional, con el argumento de ser los grandes defensores del acuerdo de La Habana, un lema cada vez más usado para justificar la impunidad y los escándalos que en su momento advertimos a los colombianos.
Un grupo de exfuncionarios del gobierno Santos, muchos de los cuales tienen serios cuestionamientos por clientelismo y corrupción, se unieron para la fundación del partido Colombia Renaciente. Según sus fundadores, el objetivo de esta organización es preservar la paz en Colombia y alcanzar el mayor número de espacios de poder en las elecciones regionales. Ahora me pregunto, ¿algún colombiano cree que bajo el liderazgo de estos señores y sus aliados vendrán aires de renovación y moralización de la política? Lo dudo.
En el Atlántico encontramos como el cura Hoyos, quien fue condenado en 1998 por peculado por apropiación y firma de contratos sin requisitos legales, y quien en hace solo unos días apareció justificando la fuga de Santrich, ha anunciado su candidatura a la alcaldía de Barranquilla, apoyado por las fuerzas de izquierda y autoproclamándose como el defensor de la paz y los sectores más vulnerables.
En Cali el panorama no es distinto. Jorge Ivan Ospina, hoy investigado por la Fiscalía y la Procuraduría por convenios interadministrativos firmados durante su periodo como alcalde, protagonizado por obras incompletas y desfalcos públicos, ha recibido el aval del Partido Verde para aspirar al primer cargo de la ciudad. Adicionalmente, ha recibido el apoyo del ex presidente César Gaviria y varios sectores del partido de la U en su aspiración por llegar al CAM. De nuevo, bajo el argumento que Ospina es un gran defensor de los acuerdos con las Farc. Toda la clase política cierra filas porque defiendes sus propios intereses, que asumen lo público como un botín y no como ámbito para trabajar por el bien común.
El 27 de octubre los colombianos tenemos la oportunidad de dar un golpe de autoridad real contra la corrupción y de rechazar aquellas candidaturas que buscan esconder bajo el nombre de la paz, un pasado oscuro y relaciones turbias, que no representan en nada el cambio y la renovación política. Con la excusa de la paz quieren hacernos tragar nuevos sapos, esta vez poniendo en riesgo las finanzas públicas regionales y dilapidando una buena oportunidad de limpiar las instituciones y de hacer surgir nuevos liderazgos en lo público.
¡A Pararle-Bolas al voto en estas elecciones regionales!
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