A muchas personas e instituciones les cae la responsabilidad por la fuga del mafioso de las Farc, alias Jesús Sántrich, pero a una de ellas concretamente hay que cobrarle con creces lo ocurrido: la JEP.
Tres magistrados de ese tribunal corrupto y maldito, Bobadilla, Heyck y Murillo fueron los encargados de garantizar la “no extradición” del mafioso, ordenando su liberación inmediata.
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Es evidente que el capo de las Farc no comparecerá ante la corte suprema de justicia. Su intención de fuga era evidente. Debe recordarse que un fiscal de la JEP -Julián Bermeo- fue capturado en medio de una operación encubierta en la que se tramitaba una multimillonaria suma de dinero, precisamente para impedir que Sántrichfuera entregado a la justicia norteamericana.
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En el episodio Sántrich, todos se han equivocado. La JEP, el consejo de Estado, la corte suprema. Si a alguien hay que aplaudir por su verticalidad y coherencia en ese caso, es al exfiscal Néstor Humberto Martínez quien asumió íntegramente el costo por llevar a ese mafioso a la cárcel y que, al ver su inminente liberación, prefirió renunciar a su cargo, como efectivamente hizo.
El gobierno nacional pudo haber hecho un poco más. Si bien es cierto que por cuenta de la división de poderes aquel caso no está en manos del Ejecutivo, no menos lo es que a la Casa de Nariño le faltó un poco de valentía para impedir que el jefe de la mafia Sántrichquedara en libertad.
Con un poco de iniciativa, ese mafioso hoy estaría en una cárcel estadounidense y no en alguna hacienda venezolana, en condición de prófugo.
Llegará el día de la indagatoria en la corte suprema y seguramente Sántrichno se presentará. El tribunal, programará una segunda fecha y, si algo de dignidad tienen los magistrados, emitirán la respectiva orden de captura.
Pero lo cierto es que la paz tiene a un gran enemigo: los mismos miembros de las Farc que asumieron el acuerdo que les regaló Santos como una suerte de licencia para delinquir. A pesar de tener un tribunal totalmente favorable a ellos, de haber recibido curules gratuitas, de no entregar su fabulosa fortuna fruto del tráfico de estupefacientes, los miembros de esa banda terroristas han hecho todo lo que está a su alcance para dinamitar -una práctica muy común en ellos- el pacto ilegítimo que celebraron con Juan Manuel Santos, violentando el resultado del plebiscito de 2016.
La sociedad no puede cruzarse de brazos ni “pasar la página”, como propone el negociador santista y célebre abogado de los ladrones Nule, Humberto de La Calle. El de Sántrich es un desafío inaudito que tiene que tener graves, muy graves consecuencias.
La orden de libertad que a favor de ese delincuente expidieron los cuestionados magistrados de la JEP no puede quedar impune. La sociedad no puede permitir que en nuestro sistema continúe existiendo ese tribunal perverso, corrupto, ideológico, que está al servicio del terrorismo y del narcotráfico y que, con cierta perversidad, se ha dedicado a decir en las últimas horas que aquellos que critican su existencia es porque temen que se “conozca la verdad” de lo que ha ocurrido en Colombia “con ocasión del conflicto”.
La verdad que ya conocemos es que la JEP es una estructura criminal igual o más peligrosa que las Farc. La verdad que ya conocemos es que la presidenta de ese tribunal, Patricia Linares, es una perseguidora enfermiza que ve en la justicia un vehículo para hostigar y liquidar a quienes defienden tesis políticas a las de ella, que son las mismas de las Farc.
La verdad que ya conocemos es que, cueste lo que cueste, hay que eliminar a la JEP para evitar que esa jurisdicción continúe dinamitando a las bases de nuestra democracia.
Publicado: julio 8 de 2019
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