No existe una preocupación más grande en estos meses que la pureza en el debate electoral que se avecina. Es bien sabido que campañas costosas son sinónimos de corrupción y un candidato electo endeudado pierde el equilibrio en las decisiones y atropellado por los compromisos adquiridos, maneja los recursos públicos como si fuese su patrimonio personal. El tope de gastos en campaña electoral, como lo permite la ley, debe ser para los candidatos de obligatorio cumplimiento.
En ese orden de ideas diseñamos un documento, Pacto por la Transparencia, en donde el aspirante se compromete además de seguir y cumplir un programa de gobierno, no superar los topes fijadas por la ley en su actividad proselitista. Rendición de cuentas, blindar su independencia y ahuyentar a los mercaderes electorales.
Aplicar la filosofía del Padre Llano, este emblemático jesuita que tanto nos ha enseñado. Pulcritud, decencia y austeridad. Que el elector no se sienta presionado, empujado y que decida a conciencia cómo va a ser su voto. La comunión del sufragio, símbolo de una democracia madura. Nada de Eternit, cero cemento, materiales de construcción y triquiñuelas fraudulentas. Rechazar y denunciar el despiadado negocio del dinero en efectivo y todas sus aberraciones (pago a los capitanes por cada votante, anticipos para enlazar el voto y foto-comprobante después del sufragio para asegurar el pago).
Pensé que alejando a los traquetos del estado y su intermediaria financiación, lograríamos estimular algún grado de control social. Pero no, el botín se negocia en otra forma. Se compromete a los candidatos y se les hace firmar un pagaré en blanco para que la contratación pública, cuando se posesionen en el cargo, sea la encargada de cubrir la inversión de la campaña.
Por definición un pagaré es un documento que sirve como instrumento de cobro de un préstamo en efectivo. Cuando lo que se exige es un pagaré en blanco, cachetada a la dignidad, más que una señal de confianza en la otra parte es la entrega de la autonomía.
Esto me hace recordar El Padrino, cuando Don Corleone, en una oficina en penumbra y hablando de la negociación próxima, con voz trémula afirma: “le ofreceré algo que no puede rechazar”. ¡Hipotecar las rentas departamentales y los proyectos de inversión social a la mafia local! En otras palabras, amañar contratos, adjudicar licitaciones y todos los factores de la corrupción estatal.
Infinidades de veces he dicho que prefiero un candidato perdedor que un aspirante ganador con dineros sucios y cuentas torcidas. La coherencia del funcionario empieza desde el mismo momento que postula su nombre para un cargo público. Aquel que es capaz de negociar sus principios como candidato no tendrá escrúpulos en entregar los recursos públicos cuando sea electo.
Tildar la culpabilidad a quien amarra al candidato o se siente su dueño es lo usual. Sin embargo, esta es una responsabilidad compartida en quienes compran e hipotecan un bien que es de todos. No obstante, el mayor saldo lo tenemos nosotros: los ciudadanos. Conocemos esta aberrante práctica, la comentamos en los sitios públicos y calificamos de precavidos a los siniestros personajes que lo hacen. ¡Vaya precaución la de estos sinvergüenzas! Somos sus cómplices pues con nuestro silencio perpetuamos: “en política todo vale”.
Publicado: julio 19 de 2019
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