La de Andrés Felipe Arias es una tragedia personal que además de afectarlo a él, conduele a buena parte del uribismo, corriente política que frente a la decisión que en su momento adoptó la corte suprema en el caso Agro Ingreso Seguro, continúa sosteniendo que el exministro no debió ser condenado.
En el mes de julio de 2014, la sala penal de la corte, en una votación de 8 contra uno, acogió el proyecto de sentencia presentado por la hoy exmagistrada María del Rosario González -antiuribista declarada- en la que Arias fue encontrado culpable de los delitos de peculado a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
En consecuencia, los magistrados impusieron una condena de 17 años y 4 meses de prisión.
Tres semanas antes de que se emitiera el fallo, Arias había viajado a la ciudad de Miami, para efectos de iniciar un trámite de un asilo político. En criterio suyo, la mayoría de magistrados que lo habían juzgado estaban impedidos para hacerlo, pues ellos mismos se consideraban “perseguidos” por el gobierno del expresidente Uribe, del que Arias fue ministro.
El 22 de septiembre de 2014, la magistrada González, a través del oficio número 26041 remitido al ministerio de Justicia de Colombia, solicitó que “por vía diplomática se adelanten ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, las gestiones pertinentes para obtener la extradición del ciudadano colombiano Andrés Felipe Arias Leiva”.
En dicha solicitud, la magistrada González no invocó el tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos, sino el código de procedimiento penal: “con fundamento en el artículo 512 de la ley 906 de 2004, le solicito requerir al Gobierno de los Estados Unidos de América, la extradición del ex Ministro Andrés Felipe Arias Leiva para que cumpla la pena impuesta por la justicia colombiana como coautor de los delitos que le fueron imputados por la fiscalía general de la nación y cuya ocurrencia y responsabilidad fueron demostradas en el juicio adelantado en su contra y con su participación”.
- Para conocer más detalles sobre la solicitud de extradición, le recomendamos leer El ensañamiento de la corte suprema contra Arias
Es evidente que el gobierno de Santos, perseguidor obsesivo del presidente Uribe y de sus más cercanos colaboradores, apresuradamente le dio trámite a la solicitud elevada por la corte suprema.
Más se demoró la magistrada González en radicar su carta en el despacho del entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, que éste en enviarla a la embajada americana en Bogotá, para que se diera inicio al proceso de extradición.
En el caso Arias, un sector del uribismo generó la falsa expectativa de que el gobierno del presidente Iván Duque tenía la capacidad de detener el envío del exministro a Colombia.
Al decir de los juristas, cuando Duque asumió la presidencia, la extradición de Andrés Felipe Arias era un hecho cumplido.
El 27 de septiembre de 2017 -cuando Iván Duque ni siquiera había sido elegido como presidente de la República- el juez del distrito sur de Florida, John O’Sullivan dio vía libre a la extradición del exfuncionario condenado en nuestro país. A partir de ese momento, Arias sólo podía salvarse de volver a Colombia si la autoridad que elevó la solicitud, la corte suprema, hacía un retiro formal de la misma.
No obstante, y de acuerdo con las leyes norteamericanas, Arias tenía derecho a que otras instancias revisaran su caso, tal y como sucedió, pero ninguna le concedió la razón a los argumentos de su defensa. El último intento fue ante la corte de apelaciones del estado de Georgia, la cual, luego de 5 meses de estudio, confirmó que la justicia estadounidense no tiene competencia para impedir su extradición.
LOS IRREVERENTES tuvieron acceso a la nota diplomática que el pasado 10 de julio el Departamento de Estado le envió a la embajada de Colombia en Washington, en la que anunció la entrega inmediata de Andrés Felipe Arias. Dicho documento, no permite posibilidad alguna tendiente a evitar que el exfuncionario sea remitido a Colombia: “Se le solicita a la Embajada de Colombia que haga todos los arreglos para su traslado [el de Arias] a Colombia, en coordinación con los Estados Unidos… El envío deberá hacerse lo más pronto posible”.
Lo cierto es que el gobierno del presidente Donald Trump no tuvo nunca la menor intención de permitir que Andrés Felipe Arias pudiera establecerse en los Estados Unidos. Los argumentos de su solicitud de asilo -presentada en julio de 2014- nunca fueron valorados por el departamento de Seguridad Nacional, pues el exministro, en los 5 años que lleva viviendo en Florida, ni siquiera fue llamado a una entrevista en la que tuviera oportunidad de exponer los detalles de la persecución de la que él alegó ser víctima.
Ahora, de cara a su inminente regreso a suelo colombiano, el Centro Democrático, partido que no ha desfallecido en el apoyo al doctor Arias, tiene la misión de sacar adelante la norma que permita que él acceda a una segunda instancia, en la que pueda defenderse y demostrar la injusticia que contra él cometió una sala penal totalmente politizada y corrompida. No hay que olvidar que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, concluyó que el Estado colombiano violó los derechos de Andrés Felipe Arias, al impedirle que su condena fuera revisada por otra instancia.
Así mismo, dicho comité también determinó que la condena y la inhabilidad para ejercer cargos públicos fue desproporcionada.
Publicado: julio 11 de 2019
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