La sentencia condenatoria contra Andrés Felipe Arias -una de las obras del cartel de la toga comandado por Leonidas Bustos y Gustavo Malo- debe ser enseñada en todas las clases de derecho penal en las universidades de Colombia como uno de los mayores esperpentos jurídicos proferidos en la historia del País. Su sustento jurídico y probatorio es miserable y demuestra que desafortunadamente un sector de la justicia está empeñado en que esta sea todo menos justa.
Para contextualizar, recordemos que Agro Ingreso Seguro fue un programa que buscaba entregarle recursos a pequeños productores del campo para mejorar su productividad y así preparar al mercado colombiano para que pudiera competir con Estados Unidos tras la suscripción del TLC con ese País.
Para su ejecución, el Ministerio de Agricultura suscribió un convenio de cooperación internacional con el IICA -Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola-, perteneciente a la OEA y con quien el Estado Colombiano había suscrito más de 132 convenios idénticos desde 1993. Sin embargo, como es sabido, una mínima parte de estos recursos se desviaron a las manos que no eran.
Dicho esto, ¿es Andrés Felipe Arias responsable? Evidentemente no. Me explico. En primer lugar, la Corte desconoció la diferencia entre suscribir un convenio de cooperación internacional y un contrato, dado que solo en el segundo escenario se debe someter el procedimiento a la Ley 80, lo cual implica que era completamente improcedente condenarlo por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En segundo lugar, el Ministro no era el encargado de ejecutar los recursos del programa, sino que era el IICA debido a su amplia experiencia en el sector agrario. Si se desviaron recursos, ¿por qué nunca se sancionaron a los funcionarios de esa entidad que sí los estaban administrando?
En tercer lugar, Arias no se robó un solo centavo del programa, a tal punto que la misma Corte reconoció este hecho. En cuarto lugar, el Ministro nada tuvo que ver con la actuación de los particulares que fraccionaron los predios para obtener los subsidios. Finalmente, la prueba reina que utilizó la Fiscalía para sostener que Andrés Felipe manejaba los recursos del programa era que su despacho y la oficina del IICA se encontraban en el mismo piso. Absolutamente nada más. ¡Absurdo!
Además, hay que recordar que aunque el juicio contra el Ministro finalizó en febrero del 2014 la Corte decidió engavetar el proceso varios meses para filtrarle a la prensa el 13 de julio de ese año, dos días antes de la segunda vuelta presidencial entre Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, que la corporación iba a condenar a Arias. Que coincidencia…
17 años de cárcel fue la cifra que sacó de la nada la Corte de entonces contra una persona íntegra que no se había apropiado de 1 solo peso. En Estados Unidos, evidentemente, la historia fue otra. Era obvio que ese País no se iba a someter al riesgo de aceptar la tesis que no existía un tratado de extradición vigente con Colombia, dado que eso le daba un argumento casi que irrefutable a la Corte y a la nefasta JEP para que no extraditaran bandidos a suelo americano.
Sin lugar a dudas el único delito que cometió Arias fue haber presentado su nombre, su admirable formación académica, su intachable trayectoria profesional y su interminable patriotismo para ser Presidente de la República. El País por culpa de la persecución infame que se libró en su contra se privó que una mente brillante, que prefirió trabajar por la Patria antes que ganar millones en el sector privado, le continuara sirviendo con las mejores cualidades.
Ahora, el Gobierno Duque, sin el más mínimo de los titubeos que inaceptablemente ha mostrado hasta ahora en muchos temas, debe apoyar irrestrictamente el proyecto de ley que presentará el Centro Democrático para permitirle a aquellas personas condenadas por la Corte Suprema tener acceso a la segunda instancia, la más mínima y fundamental de las garantías procesales que debe tener toda persona en un Estado de Derecho.
Publicado: julio 17 de 2019
4.5