La semana pasada en esta tribuna de opinión titulé mi columna: “Se enloquecieron las altas cortes”. No me equivoqué. En esa semana se conoció la sentencia de la Corte Constitucional donde decide declarar inexequible la prohibición de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en lugares públicos, aduciendo que la prohibición atenta contra el libre desarrollo de la personalidad.
Las altas cortes no solo están enloquecidas, atentan con sus decisiones contra la sociedad y se contradicen ciegamente ignorando precedentes judiciales, sentencias, doctrinas, por seguir inmiscuidos en debates políticos y rencillas que nos les incumbe.
El exmagistrado, José Gregorio Hernández, integrante de la primera Corte Constitucional, asegura rigurosamente que la “sentencia desfigura el verdadero concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque la misma constitución establece que tiene por limite el derecho de los demás y el orden jurídico y que no es un derecho absoluto”.
Las altas cortes, en especial, la Corte Constitucional, viene asumiendo funciones legislativas, desbordando sus funciones regladas en la Constitución Política (art. 241). Levantar la prohibición de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas atenta contra el estado de derecho y vulnera el artículo 95 de la Constitución Política, y abre una compuerta para que se siga desbordando el consumo, fuente de financiamiento del microtrafico, bandas criminales y narcotráfico. Y por supuesto, incentiva el aumento de cultivos ilícitos que se acerca a las 300 mil hectáreas.
Lo que esta sucediendo con las altas cortes es una vulneración sistemática contra los derechos colectivos de la sociedad, especialmente contra la integridad de la familia, los niños, y la vida misma. No podemos seguir cruzados de brazos esperando que magistrados envueltos en escándalos, politizados, y de oscura rigurosidad ética y moral, sigan definiendo temas públicos que exigen debates democráticos y decisiones colectivas.
Colombia se rige por un sistema presidencialista. Cuando se acude a las urnas, se acude no solo a elegir presidente, también se avalan propuestas, ideas, ideologías políticas. El presidente de la República está secuestrado por el Congreso de la República que no le perdona haber cerrado el tarro de mermelada, y por las altas cortes, las mismas, que avalaron la alteración del orden constitucional para implementar el acuerdo de impunidad.
El presidente Iván Duque, debe acudir a los mecanismos constitucionales y de participación ciudadana, como el referéndum o en caso extremo la convocatoria de una asamblea nacional constituyente para ordenar la casa. Colombia no puede seguir en este estado de anarquía institucional, de incertidumbre social, y de inseguridad jurídica.
En las urnas se deben decidir temas neurálgicos, traumáticos y esenciales para el desarrollo de la sociedad, sujetas al vaivén de intereses particulares, gremiales, sociales, académicos, políticos o criminales. La Constitución Política no puede seguir siendo una colcha de retazos. La administración de justicia tiene el deber de garantizar derechos colectivos por encima de derechos particulares que atentan contra la unidad de la nación.
¡Señor presidente, llegó la hora! para que usted asuma la defensa de millones de colombianos que se sienten atropellados por decisiones de las altas cortes; acuda a los instrumentos legales y constitucionales para defender la sociedad y la familia, o de lo contrario, vamos rumbo al despeñadero.
Publicado: junio 11 de 2019
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