El asunto no da espera. El país está totalmente descuadernado como consecuencia del acuerdo ilegítimo que celebró el gobierno anterior con la banda criminal Farc. Lo de Santos, fue hecho a las malas, en contra de la voluntad del pueblo colombiano que mayoritariamente se opuso a la aprobación del pacto suscrito en La Habana con el terrorismo.
Lo cierto es que la coalición política que llevó al presidente Duque a la presidencia tiene una deuda de honor con la ciudadanía, esa misma que siente que en su momento, no se hizo lo suficiente para evitar que Santos se robara el resultado del plebiscito. El NO se opuso en las urnas y eso significa que la mayoría no está de acuerdo con la impunidad, con la elegibilidad, con la falta de verdad. La escena macabra del narcotraficante Sántrich que tanta indignación ha generado, es la gota que ha rebasado la gota.
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De manera clara, el presidente Uribe ha recordado que el Estado de Opinión -que es una manifestación clara de la tesis de la democracia deliberativa elaborada por el filósofo alemán Jürgen Habermas- no contradice en absoluto al Estado de Derecho. Es más, los ciudadanos cada vez participan de manera más activa en la deliberación pública.
El Estado de Opinión es la manifestación más clara del desarrollo del Estado de Derecho. La ciudadanía activa, haciendo uso de los mecanismos de participación contemplados en la Constitución, tiene todo el poder de introducir los cambios constitucionales y legales que se requieran.
Los amigos de las Farc se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de un referendo. Resulta contradictoria la posición de esos individuos que promovieron el plebiscito de 2016. Cuando confirmaron que eran minoría, entonces coadyuvaron el desconocimiento de la voluntad ciudadana, hiriendo de muerte a la democracia y generando la más peligrosa de las polarizaciones cuyos efectos hasta ahora comienzan a conocerse.
Si en 2016 se hubiera respetado el resultado de las urnas, asumiendo con talante republicano el veredicto popular, Colombia no seguiría enfrascado en la interminable y agobiante discusión que hoy se registra por cuenta del nefasto acuerdo celebrado con los terroristas, el cual no goza de legitimidad alguna.
A la crispación política -legítima por demás-, se suma la grave crisis de la justicia. Las altas cortes, se convirtieron en una vergüenza republicana. A través de fallos y sentencias, emanadas desde el palacio de justicia, se ha puesto en marcha un agresivo proceso de desinstitucionalización.
Con el argumento manido de que las decisiones judiciales deben ser respetadas -así estas tengan un desagradable trasfondo político-, las cortes están cogobernando al país, pasando por encima de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo o el Congreso de la República.
La tridivisión de poderes es, hoy por hoy, letra muerta. De nada sirve lo que decida el presidente o aprueben las mayorías legislativas, pues los magistrados -muchos de ellos cuestionados por sus relaciones asquerosas con el crimen organizado-, son los que están fijando la agenda nacional, a su acomodo y, por supuesto, atendiendo la oscura agenda del denominado “cartel de la toga”, una estructura delincuencial enquistada en la cumbre de la justicia de nuestro país.
Ese es el sórdido panorama que se vislumbra en el horizonte y que únicamente puede ser enmendado como consecuencia de la voluntad popular que se exprese a través de un referendo.
No puede ser que la palabra de la ciudadanía sea acogida cuando se pretende ratificar los acuerdos con las Farc, pero ésta sea menospreciada y señalada cuando se busca reorganizar al Estado colombiano. Si los amigos de las Farc creen que no es necesario implementar cambio alguno, entonces que hagan la campaña en contra. Y al final que sea el pueblo soberano el que tenga la última palabra.
Publicado: junio 17 de 2019
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