De manera insólita, los presidentes de las cuestionadas y politizadas altas cortes de Colombia, decidieron hacer una inaceptable modificación en el procedimiento para la elección del próximo registrador nacional.
La decisión adoptada por esos magistrados genera preocupación, pues abre nuevamente la puerta para que la registraduría -entidad que organiza y garantiza los resultados de las elecciones- vuelva a caer en las garras de la politiquería.
Desde el año 2007, el registrador era elegido por los presidentes de las altas cortes, pero como consecuencia de un concurso de méritos, el cual se realizaba con criterios de evaluación objetivos, en el que se tenía en cuenta la experiencia de los aspirantes, los estudios adelantados por los mismos, la docencia y la publicación de textos jurídicos, entre otros.
La calificación que es sobre 1000 puntos, otorgaba, por ejemplo, 50 puntos a aquellos aspirantes que tuvieran título de doctorado.
El pasado 20 de junio, los presidentes del consejo de Estado, la corte suprema y la corte constitucional -que son los electores del próximo registrador- emitieron el acuerdo 001 de 2019, “por medio del cual se modifica el acuerdo 001 de 2007, que reglamenta el concurso de méritos para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil”.
En este nuevo acuerdo, que es un evidente y alevoso cambio de reglas de juego que favorece el amiguismo al fortalecer criterios subjetivos sobre valoraciones objetivas para la designación del registrador, establece un primer filtro denominado “etapa admisoria” que se limita a revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos mínimos para ocupar el cargo.
Acto seguido, se entrará a una fase “de selección” en la que participarán dos entidades: la escuela Rodrigo Lara Bonilla y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Allí se adelantarán pruebas que otorgarán hasta 500 de los 1000 puntos posibles.
A partir de ese momento, es cuando empieza a funcionar el amiguismo a toda máquina. De acuerdo con el reglamento que anteriormente estaba vigente, una vez se superaran las pruebas de conocimiento, se pasaba a la etapa clasificatoria que preveía hasta 700 puntos. En dicha clasificación, se ponderaban elementos importantísimos como la experiencia profesional, los estudios superiores -como maestrías y doctorados-, la publicación de obras jurídicas y textos relacionados con el derecho electoral.
Resulta que los magistrados de las altas cortes, de forma inaceptable resolvieron rebajar el puntaje desde 700 a 200 puntos, convirtiendo el conocimiento y la experiencia en algo de menor valor a la hora de seleccionar al registrador nacional.
Y los magistrados rematarán con una entrevista a la que le darán 300 puntos. Así las cosas, un doctorado, una amplia trayectoria profesional en áreas relacionadas con los temas electorales y registrales, no pesarán en absoluto frente a la entrevista en la que los magistrados pueden ser benévolos con los candidatos amigos e implacables con aquellos a los que quieran, al decir de los estudiantes, rajar.
Está muy bien que se le quiera conceder un peso a la prueba de conocimiento, pero ello no puede pasar por encima de la experiencia y la preparación académica acumuladas durante largos años por los aspirantes a la registraduría.
En tiempos en que el país observa con recelo a las altas cortes, tribunales que se han convertido en antros de politiquería, clientelismo y corrupción, los presidentes de las mismas: Gloria Stella Ortiz -corte constitucional-, Álvaro García -corte suprema- y Lucy Jeannette Bermúdez -consejo de Estado-, envían un mensaje sumamente preocupante al cambiar, sin previo aviso y con evidente interés de exaltar el amiguismo y la trampa, el reglamento para la elección de quien será el próximo registrador nacional.
Publicado: junio 25 de 2019
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