Enseña la sabiduría popular que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y eso es lo que, en el caso de alias Jesús Santrich, ha hecho el presidente Iván Duque al calificarlo como corresponde: mafioso.
Difícilmente nos repondremos de la vergüenza que ha causado la insoportable decisión de liberar a ese criminal que fue agarrado con las manos en la masa, mientras negociaba un inconmensurable cargamento de cocaína con un agente encubierto de la DEA que se hizo pasar como miembro de la mafia mexicana.
Que nadie se llame a engaños: Santrich en el congreso significará un inaceptable desafío a nuestra democracia, una burla a los millones de víctimas que en Colombia y el mundo ha dejado el narcotráfico. Se equivocó de manera muy grave la Corte Suprema de Justicia al asumir la competencia de una investigación, cuando hace pocos meses ese mismo tribunal había concluido que Santrich no es aforado.
La paz no se hace desafiando a la sociedad. La liberación de ese narcotraficante envía un mensaje equivocado. El responsable no es el gobierno, sino la justicia, rama del poder que deberá dar explicaciones claras respecto de la decisión adoptada.
Este es un asunto de mayor cuantía que amenaza los cimientos más profundos de nuestra democracia. Durante más de 3 décadas hemos sufrido los estragos del narcotráfico. Miles de soldados, policías y civiles entregaron sus vidas en la lucha que nuestra República ha librado para contener a la mafia que ha intentado apoderarse del Estado, a través de su sucio dinero y de su inmensa capacidad terrorista.
Con estoicismo, el país ha sabido hacerle frente al desafío planteado por los traficantes y, por eso, duele en el alma ver cómo en dos días, los tres tribunales más altos de la justicia: Corte Suprema, consejo de Estado y Corte Constitucional, se pusieron de acuerdo para favorecer al narcotráfico.
Mientras los magistrados de la corte constitucional sepultaron las objeciones que el presidente Duque presentó ante la ley orgánica de la JEP, el consejo de Estado resolvió que el mafioso Santrich no se ha podido posesionar como Representante a la Cámara “por fuerza mayor”. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo, ha sentado un precedente tremendamente preocupante: estar preso como consecuencia de un pedido de extradición constituye “fuerza mayor”.
Con la decisión del consejo de Estado en la mano, la sala penal de la Corte Suprema se apresuró a ordenarle a la Fiscalía General la inmediata excarcelación del capo de las Farc.
Y como si aquello no fuera suficiente, las Farc organizaron un. Evento de recepción en el que, en primera fila, vimos a un antisocial que vestía una camiseta alusiva a la banda terrorista vasca, ETA.
El embajador de España, en tono indignado, le extendió una carta al cabecilla de las Farc, alias Timochenko, expresando su legítimo malestar.
Este episodio confirma una vez más que las Farc no firmaron la paz para pedir perdón, para reparar a sus víctimas ni para manifestar un sincero arrepentimiento por los crímenes cometidos. No. Ellos suscribieron un acuerdo con Santos, para entrar a desafiar al mundo entero con sus actitudes altaneras y, como lo comprueba el caso del mafioso Santrich, para seguir delinquiendo, porque tienen la certeza de que la JEP les otorga, ante todo, una patente de corzo.
Publicado: junio 3 de 2019
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