Un verdadero despropósito fue la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el artículo del Código de Policía que prohibía y sancionaba el consumo de alcohol y drogas en sitios públicos como parques.
Como tal, a partir de una interpretación completamente descontextualizada y ajena a las difíciles realidades que se están viendo en las ciudades del País, la Corte profirió una sentencia que agudiza cada vez más la evidente desconexión que existe entre los jueces y el sentir de la gente que ve cómo el sistema judicial pareciera estar hecho a la medida de los hampones y no para defender a los ciudadanos de bien.
La despenalización del aborto, la permisividad con la dosis mínima, los excesos en la aplicación de la consulta previa -que tiene paralizado cientos de proyectos de infraestructura en el País- y la aplicación completamente desbordada de una protección absoluta del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que se ha convertido en la excusa perfecta para darle vía libre a cuanta vagabundería se le ocurre a la gente, son unos de los grandes “legados” que esa entidad le ha impuesto al pueblo colombiano.
Sin embargo, las consecuencias de estas decisiones no son responsabilidad exclusiva de la Corte, sino que tienen una alta carga en los sectores conservadores de la clase política, quienes dejaron que esa corporación se atribuyera tranquilamente cuantas facultades quería sin hacer absolutamente nada al respecto.
Si hay un error monumental que ha cometido la derecha de este País ha sido el no preocuparse por controlar el sector mayoritario de la Corte Constitucional. Durante 12 años Andrés Pastrana y Álvaro Uribe estuvieron al frente de la Presidencia sin lograr que los candidatos que resultaran electos en el Senado para llegar a ese tribunal tuvieran fuertes visiones conservadoras.
La consecuencia de eso ha sido nefasta. No solamente la Corte aprobó todos los excesos que significaron muchas de las leyes del proceso de La Habana, como si fuera el vil notario del Gobierno Santos, sino que, ahora, condenó a la juventud colombiana a estar encerrada en las casas y los centros comerciales porque los parques se convirtieron en el epicentro de la droga, el alcohol y el crimen.
En efecto, cada vez que una familia se tenga que retirar de un parque porque un grupo de marihuaneros se tomaron los prados para hacer del vicio su diario vivir sin que las autoridades puedan hacer absolutamente nada, les debe llegar a la mente un recuerdo de esos magistrados que desde un escritorio en el centro de Bogotá prefieren privilegiar la delincuencia y el hampa por encima de los valores tradicionales que tanta falta le hacen a Colombia.
Lo peor de todo es que tan solo a 2 de los 9 magistrados se les acaba el periodo durante el Gobierno Duque, lo que significa que en el mejor de los casos, suponiendo que el Presidente terne candidatos conservadores y no de centro como un amplio sector de sus funcionarios, la mayoría de esta corporación seguirá siendo abiertamente liberal y en manos del siguiente mandatario quedará la responsabilidad de ternar a los 7 siguientes reemplazos.
Es muy difícil el panorama que le espera al País con esta situación. Hasta que la Corte Constitucional no se de cuenta que con sus decisiones está desprotegiendo a las familias y privilegiando a los vagos y ampones, será casi que imposible recuperar la confianza en unas instituciones judiciales que deberían significar la irrestricta aplicación de la ley.
Publicado: junio 12 de 2019
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