La decisión de la Sala de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre aplicar la garantía de no extradición en el caso de alias Jesús Santrich, no solo es arbitraria, ilegal y desafiante de la justicia colombiana, sino también retardaria en materia de lucha contra el narcotráfico.
Digo “arbitraria” porque, a sabiendas de que su única función ante una solicitud de extradición es verificar que la fecha del delito sea posterior a la firma del acuerdo, la JEP insistió en decretar pruebas para evaluar la conducta a la que se refería la justicia norteamericana, y ahí viene el segundo término: “ilegal”, por tratarse de una extralimitación de las tareas que se le encomendaron.
Sobre la fecha en que se produjeron las conductas atribuidas a Santrich, la magistrada Claudia López Díaz, también miembro de la Sala de Revisión, fue contundente al decir que los anexos de la solicitud de extradición permitían determinar con precisión que esto ocurrió después del primero de diciembre de 2016, entre junio de 2017 y abril de 2018. Entonces, genera suspicacia que sus homólogos Heyck, Bobadilla y Murillo no lo entendieran así, y decidieran botarle un salvavidas al mafioso. ¿Será que el del exfiscal Carlos Bermeo fue el primer y último intento por evitar la extradición de Santrich a cambio de efectivo?
De cualquier modo, la decisión es desafiante de la justicia colombiana porque, en efecto, transgrede el proceso de la extradición e impone uno, a todas luces, laxo con el crimen y menoscabador de la institucionalidad colombiana.
Esta determinación, entre otras cosas, pone a tambalear el pacto de cooperación judicial con Estados Unidos, nuestro principal aliado en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que debilita una herramienta fundamental en ese proceso, como es la extradición.
Después de todo, se cumplió lo que advertimos con insistencia: de negarse la extradición de Santrich se enviaría un mensaje equivocado a los narcotraficantes que están por definir su situación judicial.
Sobre la decisión de la Sala de Revisión queda un aliciente: la apelación de la Procuraduría. Esperemos que la medida prospere ya que es la única manera de poder ver tras las rejas de una cárcel estadounidense a quien se ha convertido en el símbolo vivo de la impunidad en Colombia.
PDTA: Ojalá que además del sueldo que empezaremos a pagarle a Santrich cuando se estrene como congresista, no nos toque también responder por una millonaria indemnización por el tiempo que duró detenido. Ahí sí, como dicen: “nadie sabe para quién trabaja”.
Publicado: mayo 17 de 2019
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