“Ni a Pablo Escobar le tenían video traficando droga”, leía en Twitter por estos días. Las pruebas que tienen los Estados Unidos contra Jesús Santrich son contundentes, como dijo el hoy ex Fiscal Néstor Humberto Martínez cuando le notificó al país la captura de Santrich. Y esto lo pudimos corroborar con el video que obtuvo en exclusiva Noticias RCN. En ese video, que se constituye en la prueba reina, hablan de un pago, de la combinación de una caja fuerte para que el camarada Vicente pudiese reclamarlo, de cuándo pueden entregar el producto, y Santrich advierte que está enredado y solicita a sus socios estar atentos a la operación. Evidentemente no era una operación para vender un televisor o una camionada de estos.
El video, acompañado de otras pruebas como audios y testimonios, por ejemplo el de Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez que está solfeando en los Estados Unidos, son prueba suficiente de que Jesús Santrich es un narcotraficante que volvió a traficar después de firmado el Acuerdo de Paz. La operación encubierta que realizaron agentes estadounidenses se ha convertido en un argumento para decir que a Santrich se le tendió una trampa. Sin embargo, no sé ustedes, pero si a mí alguien me preguntaran si puedo o quiero traficar drogas la respuesta sería que no, puesto que, primero, no soy criminal y segundo, no tengo la infraestructura, que evidentemente se requiere y aun conserva Santrich, para cumplir con ese propósito.
Santrich fue agarrado con las manos en la coca, pero hoy se encuentra libre y seguramente dispuesto a posesionarse en la curul del Congreso regalada por Santos. Se preguntarán por qué, a pesar de todas las pruebas. Porque la JEP dijo que ninguna de las pruebas les servía para determinar la fecha de la comisión del presunto delito. La Justicia Especial para la Paz solamente tiene la competencia para conocer de los actos ilícitos cometidos antes de la firma del acuerdo. Para poder adquirir esa competencia únicamente tiene que determinar la fecha de la comisión del acto. En el caso de Santrich los Estados Unidos enviaron las pruebas suficientes para determinar la fecha, y, por lo que nos hemos enterado recientemente, lo estrictamente necesario para hacer dicha evaluación, pero desde luego sin mostrar todas sus cartas, porque el desvelamiento completo de las pruebas se haría, como es apenas obvio, en el juicio en los Estados Unidos. Además, también nos enteramos de que el mismo Jesús Santrich, y esto es lo más insólito, en los alegatos de conclusión le dijo a la JEP que en febrero de 2018 se reunió con los mexicanos, que, según él, eran empresarios interesados en invertir en proyectos productivos para los ex combatientes. Pero en realidad esos mejicanos eran agentes de la DEA haciéndose pasar por miembros del Cartel de Sinaloa. También dijo que se había reunido en junio de 2017 con Armando Gómez y Fabio Younes, ambos capturados por el mismo caso. La JEP decidió no tomar este testimonio en consideración por argumentos estrictamente procesales, alegando que las pruebas fueron allegadas por fuera de término.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, apeló la decisión de la JEP. En mi opinión esa apelación debería exigir que se tenga en cuenta el testimonio de Santrich que establece sin lugar a dudas que las reuniones que sostuvo con los que el creía serían sus socios para traficar droga se llevaron a afecto después de firmado el acuerdo. La JEP pretende amañadamente valorar si la conducta es ilícita o no, lo cual es ilegal, ya que eso únicamente le corresponde al juez que conoce la causa de Santrich en los Estados Unidos. Lo que legalmente corresponde a la JEP es que determine su competencia estableciendo la fecha del acto cometido por Santrich.
Una vez la JEP tenga en cuenta las declaraciones de Santrich, su caso se debe remitirse inmediatamente a la justicia ordinaria, es decir a la Corte Suprema de Justicia, para que evalúe la solicitud de extradición y decida si la autoriza o no en uso de sus facultades y atribuciones.
A nosotros como ciudadanos consternados por los abusos derivados de un acuerdo de paz que no fue refrendado por el pueblo colombiano, nos corresponde buscar todas las maneras posibles para deshacer en derecho lo que se hizo de manera espuria.
Publicado: mayo 17 2019
4