Tranquilandia fue el nombre con el que era conocida una vasta extensión de tierra ubicada entre los departamentos del Caquetá y Meta, la cual era controlada por el Cartel de Medellín. Allí se encontraba construido un importante complejo que era utilizado para el procesamiento y tráfico de drogas. Contaba con 19 laboratorios y ocho pistas de aterrizaje. En marzo de 1.984 este amplio territorio tuvo fin, puesto que hombres de la Policía Nacional apoyados por agentes de la DEA allanaron el lugar.
Hace dos años en este mismo portal de Los Irreverentes publicamos un escrito que lo titulamos “Tranquilandia 2.0”. En aquél hacíamos referencia a las 27 Zonas Veredales Transitorias (ZVT) que tenía el país en ese momento producto de la negociación que adelantaba el gobierno Santos con la Farc. En estas ZVT el Estado tenia prohibida la entrada y por ende tales territorios se habían convertido en tierra de nadie, o mejor, en tierra de Farc.
Hoy el panorama es diferente pero no alentador. De pasar de la primera versión de la Tranquilandia del Cartel de Medellín, a la segunda versión de las 27 Tranquilandias (ZVT) avaladas por Santos, en la actualidad vivimos una Tranquilandia 3.0, o una versión mejorada si se quiere, llamada JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). Este órgano creado armónica y mancomunadamente entre el gobierno de Santos, Roy Barreras y la Farc durante la negociación en La Habana, ha traído más problemas que soluciones. Desde el momento mismo que se gestó esta Jurisdicción los colombianos dijimos no a una justicia en donde los victimarios pudiesen escoger a sus jueces; no a una justicia en donde no existiese garantías para las verdaderas víctimas; no a una justicia donde no hubiesen reglas claras en materia de procedimiento etc., etc.,. Y tales afirmaciones populares se reflejaron en el resultado del Plebiscito del 2016, en donde la coalición del NO ganó en las urnas, aunque pese a esto, Santos y Farc decidieron hacer caso omiso y firmaron un “nuevo” acuerdo. Luego de ello, siguieron insistiendo la Farc y los simpatizantes de esta, que la JEP no sería partera de impunidad, y que quienes cometiesen delitos posteriores al acuerdo serian castigados drásticamente. Todo lo contrario es lo que el pueblo colombiano y en especial las víctimas directas de la Farc han vivido a lo largo de estos años. La JEP se dedicó a entrometerse en asuntos que no son de su competencia, se dedicó a generar escándalos como el del Fiscal Bermeo, se dedicó a hacerse la de la vista gorda con las verdaderas víctimas, y claro, se dedicó a proteger vehementemente a los cabecillas de la Farc, como por ejemplo ha ocurrido en los casos de Iván Márquez, el Paisa y recientemente Jesús Santrich. A este último le facilitaron su no extradición, y por ende abrieron la puerta para que no se extradite a ningún otro cabecilla que llegue a reincidir, en otras palabras: delincan, trafiquen cabecillas de Farc, que su tranquilidad está garantizada por nosotros (la JEP).
Sin duda alguna pierde el Estado de Derecho, pierden las víctimas y pierde el pueblo colombiano de bien, que somos la inmensa mayoría. Es de aplaudir la determinación del señor Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien renunció a su cargo apenas la JEP hizo pública se decisión de defender a Santrich. Muy bien por el Fiscal, ojalá la juventud tome ese buen ejemplo.
Finalmente reafirmo lo que he dicho siempre: que los miembros de base de Farc se reincorporen a la vida civil, con plenas garantías por parte del Estado. Pero también que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad paguen un mínimo de cárcel, entreguen las rutas del narcotráfico, reparen a las víctimas y garanticen la no repetición. La verdadera paz nace de la justicia, no de la impunidad.
Publicado: mayo 16 de 2019
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