Si un gerente insta a sus vendedores a hacer “su mejor esfuerzo” para doblar las ventas, espera que visiten más clientes y revisen estrategias; no que ataquen competidores ni sobornen encargados de compras. Cuando le decimos a un hijo que haga lo necesario para salvar su año, esperamos que sacrifique diversiones y estudie; no que amenace al maestro o haga trampa en los exámenes.
Quien entienda lo contrario tiene un problema de valores o persigue oscuros intereses. No fue el caso de la oficialidad de Ejército frente a la directiva de su comandante, pero sí el del periodista del New York Times, quien, ladinamente y después de aclaraciones juiciosas del general Martínez, decidió que pedirles a los soldados mayor efectividad en la lucha contra el delito, siempre ajustados a la Constitución y la Ley, era una invitación a la ilegalidad y al crimen.
¿Qué hay detrás? ¿Por qué el ocupado senador Leahy, no solo arremete contra una senadora colombiana que defiende al Ejército frente a los infundios de un periodista simpatizante de las Farc, sino que, vestido de defensor de la libertad de prensa a ultranza, conmina al Gobierno a exigirle pruebas a María Fernanda Cabal y a emprender contra ella una “public denunciation”?
Hay que tirar de la cuerda para desenredar la madeja. No es nuevo en Leahy el atrevimiento de hacerle “exigencias” al gobierno en favor de la izquierda. En 2002 intentó sabotear el Plan Colombia contra el narcotráfico, cuando ya las Farc eran los mayores narcotraficantes. Y para no ir tan lejos, hace ¡15 días! firmó una carta al presidente Duque en la cual, después de restregarle la ayuda –es presidente del Comité de Apropiaciones–, con tonito extorsivo cuestionó el nombramiento del general Martínez y la cúpula militar.
¿Qué hay detrás de esa carta? Dos meses antes, el señor Vivanco (Human Right Watch), publicó un informe en el que este autoproclamado “juez universal” condenó sumariamente al general y a la cúpula bajo el título: “Colombia. Nuevos comandantes del Ejército asociados con asesinatos”. Por ahí va el agua al molino. HRW hace su tarea de deslegitimar al Ejército; unos honorables senadores estadounidenses la validan y un prestigioso diario la mediatiza ante el mundo.
¿Para qué deslegitimar al Ejército?: Para neutralizarlo en su lucha contra la herencia maldita de 200 mil hectáreas de coca, con estrategias paralelas, además, como evitar a toda costa la aspersión con glifosato. ¿Pero…, para qué sabotear la lucha contra el narcotráfico? Porque es la Caja de Pandora de donde salieron todos nuestros males; la maldición que nos convierte en Estado fallido; raíz de la corrupción, la violencia urbana y la lucha por los cultivos ilícitos y las rutas de la droga.
El fracaso contra el narcotráfico, sumado a la protesta callejera permanente –una amenaza de Petro– y el llamado “litigio estratégico”, cuyo último capítulo es el ataque para deslegitimar al Ejército, es una estrategia de la izquierda con la complicidad de un “centro” ambivalente, y el apoyo externo de HRW, Leahy, el Foro de Sao Paulo y el Socialismo del Siglo XXI, cuya dictadura se resiste a caer en Venezuela, gracias al narcotráfico que corrompe la cúpula militar, la misma que sostiene a Maduro. Siempre el narcotráfico.
Su norte: minar la gobernabilidad de Duque y, de paso, enemistar a Colombia con Estados Unidos –el imperialismo yanqui–. ¿Para qué?, ¿a quién le interesa el fracaso del gobierno Duque? Sencillo: a la izquierda, para que Petro llegue a poner las cosas “en su sitio” en 2022. Si el país no despierta, ¡que Dios nos coja confesados!
Publicado: mayo 29 de 2019