Cada vez que sale un escándalo por mal manejo de recursos públicos en las alcaldías, las gobernaciones, las entidades o los ministerios el ciudadano de a pie se pregunta: ¿por qué pasa esto? ¿por qué las autoridades no evitan que se roben nuestros recursos?
La respuesta, aunque sea difícil de creer, es muy sencilla: el diseño institucional que actualmente existe para realizar el control fiscal, es decir la supervisión para que no se roben el dinero de los contribuyentes, es completamente inoperante y constituye uno de los más notorios y dolorosos saludos a la bandera que hacemos en Colombia.
En efecto, hoy en día la Contraloría General de la República solo está facultada para llevar a cabo un control posterior a la ocurrencia de la conducta irregular, lo cual significa, en términos castizos, que solo se puede entrar a actuar cuando los recursos ya fueron robados con la idea de rescatar unos dineros que muy seguramente ya están protegidos en cuentas bancarias en el exterior.
Esto, indudablemente, es una de las muchas paradojas que existen en nuestro querido País y que son difíciles de entender. Es como si a una persona que está amenazada le pide protección al Estado, le pusieran protección después de cometido el atentado.
La consecuencia es que el porcentaje de recursos que se recuperan cuando se adelantan las investigaciones es ínfimo a comparación del total robado, lo cual, tristemente, a veces ni siquiera alcanza para cubrir los gastos de la papelería que se utilizó para adelantar el proceso y mucho menos para aportar al sostenimiento de los gastos de funcionamiento de la entidad.
Por eso, a buena hora el Contralor General, Felipe Córdoba, está liderando un proyecto de acto legislativo en el Congreso para que el control fiscal deje de ser posterior y se pueda realizar de manera previa.
Esto, cabe señalar, en ningún momento implica que se va a cercenar la autonomía que tienen las entidades tanto nacionales como regionales para destinar sus recursos ni va a implicar una centralización del gasto, sino que, por el contrario, va a ser una eficaz herramienta para que por intermedio de las plataformas tecnológicas que está desarrollando el ente de control se puedan detectar en tiempo real las posibles irregularidades presupuestales que se estén por cometer para poder actuar de manera oportuna.
Si no se lleva a cabo esta importante reforma, el País va a tener que seguir viendo como funcionarios mañosos se roban los recursos y después los llevan a paraísos fiscales mientras que los contribuyentes seguimos aportando casi que en vano a un Estado sumergido en la burocracia y el clientelismo.
Espero que todas las bancadas que tienen representación en el Congreso de la República, que a veces es tan criticado, sigan apoyando firmemente esta iniciativa y permitan crear una nueva era del control fiscal en Colombia, donde esta actuación deje de ser una romántica expresión literaria en las leyes y se convierta en una realidad para supervisar al extenso número de entidades públicas que hoy están a la deriva sin ningún tipo de vigilancia efectiva.
Publicado: junio 1 de 2019
3.5