En una verdadera novela se ha convertido el proceso de extradición del narcoterrorista de Santrich a Estados Unidos. Con el fantasma de la descertificación rondando por los pasillos de la embajada, el anhelo de justicia del pueblo colombiano se ha visto truncado por un tribunal completamente despreciable como la JEP, que antes de ser una entidad encargada de administrar justicia parece haberse convertido en el Bloque más efectivo en la historia de las Farc.
A nadie le cabe en la cabeza que la JEP no solamente haya decidido no extraditar a ese bandido, sino que haya ordenado su libertad inmediata. Videos, audios, testimonios y hasta la propia declaración del mismo Santrich confirmaban que el envío de droga a Estados Unidos se había realizado con posterioridad a la firma de los acuerdos.
Sin embargo, acudiendo a leguleyadas y dilaciones injustificadas la JEP prefirió garantizarle el derecho a Santrich a seguirse burlando impunemente del pueblo colombiano antes que fortalecer el instrumento de cooperación judicial más efectivo en la historia del País, como lo es la extradición.
Afortunadamente, el Presidente y la Fiscalía actuaron con celeridad para recapturar a un cínico bandido que cantaba victoria mientras lo aclamaba una multitud afuera de la Picota que difícilmente sea otra cosa distinta a los miembros de las milicias urbanas de las Farc en Bogotá.
No obstante, a pesar que por el momento se logró tener a ese terrorista tras las rejas, si la sala de apelaciones de la JEP confirma la decisión de no extraditar a Santrich el Presidente debe actuar con firmeza y ha de declarar el estado de conmoción interior para llevar a cabo un procedimiento que se ha visto torpedeado por un tribunal completamente sesgado, politizado y clientelista que está empantanando las relaciones con Estados Unidos.
En efecto, Duque y su Gobierno no pueden correr el riesgo que a Colombia lo descertifique Estados Unidos. La fuerte relación comercial, política y militar que han sostenido las dos naciones no se puede ver afectada por el discurso de un falso provincialismo que sostiene que a Santrich se lo debe juzgar en Colombia, lo cual no es más que una estrategia mediática de la guerrilla para evitar someterse a una justicia implacable como la norteamericana, donde los jueces sí cumplen con su deber y no se amedrentan por el discurso de la paz que no ha logrado otra cosa diferente a cubrir con un interminable manto de impunidad a los miembros del sangriento secretariado de las Farc.
Ojalá que esta narconovela que ha propiciado una de las semanas más turbulentas de los últimos años termine con una merecida victoria del legítimo anhelo de justicia por encima de la nefasta impunidad que propició el acuerdo Farc-Santos.
PD: a buena hora el Presidente aceptó la renuncia de la Ministra de Justicia, quien no había logrado establecer una comunicación con el Congreso y cuyo exceso de conciliación con las Cortes y los parlamentarios de la oposición propiciaron el hundimiento de la reforma a la justicia.
Además, la elección de la terna para nuevo Fiscal General de la Nación es el escenario perfecto para poner al frente del ente acusador a un patriota que actúe con firmeza frente a las dificultades y los retos por los que atraviesa el País.
Publicado: mayo 22 de 2019