Los parecidos entre la JEP y las Farc son cada vez más escalofriantes. A lo largo de los años, la banda terrorista manejó la teoría de que la guerrilla tenía la capacidad de configurar un Estado dentro del Estado colombiano.
Con base en esa tesis manida, los terroristas justificaron sus acciones violentas en todo nuestro territorio. Desde que se produjo su supuesta desmovilización y pretendida entrega de armas, los integrantes de las Farc han negado la comisión de delitos alegando que ellos tenían sus propias normas, las cuales permitían poner en marcha las acciones criminales cometidas por ellos.
Desde su creación, la cuestionada y ahora objetada JEP, ha sido una verdadera rueda suelta al interior del Estado. El tribunal creado para lavar las culpas de las Farc, se ha intentado constituir en un Estado dentro del Estado.
La presidenta de esa entidad, la cuestionada Patricia Linares, se trazó el objetivo de entronizar a la JEP como un tribunal por encima de las leyes, la Constitución y los tratados internacionales.
La primera y muy preocupante señal, se presentó con ocasión de la captura con fines de extradición del narcotraficante alias Jesús Sántrich. El tratado celebrado entre Colombia y los Estados Unidos prevé que el país requirente no tiene la obligación de aportar pruebas. Se parte del principio de buena fe cuando se solicita a una persona en extradición.
La JEP, obsesionada con impedir la extradición del capo Sántrich, se pasó por la faja el tratado y una sentencia de la corte constitucional que fue contundente al decir que aquel tribunal, cuando medie una solicitud de extradición, solo puede pedir información relacionada con la fecha en que ocurrieron los hechos.
Poco le importó a la señora Linares -que más que juez, parece abogada de Sántrich- el ordenamiento de la corte constitucional. De manera insólita, le solicitó al departamento de Justicia de los Estados Unidos copia de las pruebas contra Sántrich, requerimiento que como es natural fue respondido negativamente, pues atenta contra el propio espíritu del tratado de extradición.
En las últimas horas, pasándose por encima los conductos regulares, la presidenta de la JEP resolvió pedir una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, desconociendo que las relaciones internacionales son del resorte del presidente de la República y de su ministro de Relaciones Exteriores.
La JEP no tiene facultades para presentarse ante instancias internacionales sin respetar el conducto regular, tal y como lo pretende hacer con ocasión de las sesiones ordinarias de la CIDH que empezarán a cumplirse en los próximos días en Jamaica.
Es de aplaudir la reacción de la cancillería colombiana que le salió al paso a la situación, solicitándole a la presidenta de la JEP que se abstenga de insistir en la audiencia solicitada y recordándole que ese tribunal -ilegítimo por demás- no puede andar, como si fuera una ONG de extrema izquierda, lagarteando espacios internacionales para ir a decir quién sabe qué monstruosidades contra nuestro país.
Gracias a la creación de la JEP, las Farc alcanzaron su sueño dorado: el tribunal que los “juzga” no tiene límite ni control alguno y en vez de someterse a la constitución y las leyes, esa entidad se convirtió, con su proceder altanero y desafiante, en el Estado dentro del Estado que a punta de dinamita y violencia trató de imponer la banda fundada por Tirofijo.
Publicado: mayo 7 de 2019
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