Los más rutilantes representantes del mamertismo criollo no dejan de dar alaridos desesperados para responder la demoledora noticia respecto de la cancelación de la visa a los Estados Unidos de los tres magistrados y el exfiscal general, Eduardo Montealegre.
Gritan a los 4 vientos que aquella medida es una reprochable intromisión extranjera, cuando se trata de una decisión justa, con la que se está enviando un mensaje claro: aquellos altos funcionarios involucrados en corrupción o que se presten para favorecer de una u otra manera al narcotráfico, no podrán volver a los Estados Unidos.
Hablan de intromisión extranjera esos mismos que permitieron que personas de otros países fueran las encargadas de escoger a los magistrados de la JEP, tribunal que originalmente estaba planeado para que fuera integrado por magistrados colombianos y extranjeros. No hay que olvidar que el equipo seleccionador fue conformado por un peruano, un argentino y un español, todos de extrema izquierda.
Entonces, los que hoy se lamentan, no dijeron una sola palabra, ni de sus bocas salió queja ninguna por la evidente intervención de agentes foráneos.
Pero si de intromisión de un país en los asuntos de Colombia se trata, las más vulgar, aberrante y despreciable, fue la que protagonizó Noruega en el año 2016.
Hagamos un poco de historia: el 2 de octubre de aquel año tuvo lugar el plebiscito que fue convocado para que la ciudadanía votara si aprobaba o no el acuerdo suscrito entre Juan Manuel Santos y el capo del narcotráfico, alias “Timochenko”.
En ese certamen electoral, contra todos los pronósticos, el NO se impuso con el 50.2% -6.438.552 votos- frente al 49.78% que sacó el SÍ, promovido por el gobierno, la “Mermelada” y todo el aparato estatal.
Santos estaba irremediablemente derrotado. El acuerdo con las Farc debía ser modificado, pues así lo había decidido la ciudadanía.
5 días después de que el pueblo colombiano notificara al gobierno de su rechazo al acuerdo con los terroristas de las Farc, Noruega, en un acto de abierto irrespeto a la soberanía popular de nuestro país, anunció que Santos era el ganador del Nobel de Paz. La propia presidenta del comité que otorga aquel premio, reconoció que se había decidido galardonar al corrupto expresidente colombiano, con el objeto de impedir que el acuerdo con los terroristas de las Farc se fuera al traste.
Con el Nobel en el bolsillo, Santos creyó tener una patente de corso gracias a la cual, sin mayor remordimiento, pudo robarse plebiscito, haciéndole un par de cambios cosméticos al acuerdo y presentándolo al Congreso -cuyas mayorías estaban previamente sobornadas con la denominada “mermelada”- para que lo convalidara.
La de Noruega sí que fue una brutal intromisión extranjera en un asunto interno colombiano. Un país que se dice democrático, coadyuvando el robo de unas elecciones. En aquel momento, ninguno de los que hoy lloriquean para quejarse frente a la merecidísima cancelación de las visas a los cuestionados operadores judiciales que nunca más en sus vidas podrán pisar el territorio estadounidense, alzó su voz para rechazar que un gobierno extranjero, valiéndose de un premio que goza del mayor prestigio mundial, sirviera como testaferro para perfeccionar un fraude electoral.
Publicado: mayo 11 de 2019
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