El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo se valió de la etapa de discusión y aprobación del plan de desarrollo presentado por el gobierno nacional, para meter un “mico” que tiene toda la pinta de orangután.
En efecto, en enero del presente año, el presidente Iván Duque sancionó la ley 1952 que incorpora el nuevo código disciplinario, norma que regula el funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con lo promulgado por el presidente de la República, aquel código entra a regir el próximo primero de junio. En consecuencia, el doctor Carrillo tuvo todo el primer semestre de este año para capacitar a los funcionarios de la Procuraduría para efectos de que empiecen a ejercer sus funciones con base en la nueva norma.
Parece ser que al procurador general le quedó grande esa tarea, pues de manera insospechada apareció un artículo en el proyecto de ley del plan de desarrollo que pospone la entrada en vigor del código disciplinario.
Tal y como se lee en la gaceta de la Cámara de Representantes, al proyecto de ley del plan se le incluyó el artículo 298 que dice los siguiente: “Prorróguese hasta el 1 de julio de 2021 la entrada en vigencia de la ley 1952 de 2019”.
Curiosamente, Fernando Carrillo culmina su gestión al frente de la Procuraduría en enero de 2021. Con el “mico” que le está intentando colar al plan de desarrollo, él mismo se está eximiendo de la implementación del nuevo código disciplinario, una norma que resulta de trascendental importancia para el ejercicio de control de los servidores del Estado.
En criterio de un experto en derecho disciplinario consultado por LOS IRREVERENTES, “estamos ante un mico gigantesco que evidencia que el doctor Carrillo no se preparó para hacer la transición al sistema oral que es el gran avance que trae el nuevo código y ahora pretende suspenderlo. Pero hay un agravante más: el doctor Carrillo está utilizando los 182 cargos que le crearon para la Jurisdicción Especial de Paz para lograr que en el congreso le pasen este mico”
Resulta sumamente grave que el jefe del ministerio público se valga del poder burocrático de la entidad que tiene a su mando, para seducir a los parlamentarios y lograr que ellos coadyuven su objetivo de aplazar por 3 años la entrada en vigor del nuevo código disciplinario.
Publicado: mayo 2 de 2019
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