Es evidente que el perseguidor Pablo Felipe Robledo, siniestro personaje que durante el gobierno de Santos convirtió a la superintendencia de Industria y Comercio en una policía política, siente pasos de animal grande, pues tanto los organismos de control como la fiscalía están investigando sus actuaciones, las cuales además de ser sancionadas disciplinariamente, merecen ser castigadas penalmente.
Valiéndose de su cercanía con María Jimena Duzán, hizo publicar una columna que dice muy pocas verdades y demasiadas mentiras o verdades a medias.
En uno de los apartes de dicha columna, con la que evidentemente se está tratando de bloquear una inminente sanción de la procuraduría general de la nación contra el exsuperintendente Robledo, se lee que en algún momento de la investigación contra Robledo “un procurador delegado decidió que no había méritos para el inicio de una investigación y dictó auto inhibitorio el 3 de abril de este año. Sin embargo, diez días después el propio procurador Fernando Carrillo ordenó a sus subalternos revocar el inhibitorio y volver a evaluar la denuncia…”.
Se le olvidó contar a la columnista defensora que el sujeto que dictó el auto inhibitorio, Gian Carlo Marcenaro, es un hombre que trabajó durante más de 10 años en la Superintendencia de Industria y Comercio. De allí pasó a la Procuraduría.
Aquel detalle, misteriosamente obviado por la Duzán, explica en buena medida por qué el auto inhibitorio que fue despachado a favor de Robledo tuvo que ser reversado.
Como también hay un elemento que la periodista no incluyó en su columna y que demuestra el nivel de las arbitrariedades que se cometieron en la Superintendencia por instrucciones directas de Pablo Felipe Robledo. Un testigo en el caso de la Ruta del Sol, Diego Solano, fue oído durante largas horas por los investigadores al servicio de Robledo, quienes no le permitieron ser asistido por un abogado. Y lo que es más grave: intentaron obligarlo a que incriminara a su propia esposa. La constitución política de Colombia, indica que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge.
En ese caso puntual, Robledo y el grupo de sabuesos que tenía a su servicio en la Superintendencia, violaron por lo menos dos artículos de la Constitución, configurando un brutal prevaricato que no puede, bajo ninguna circunstancia, quedar en la impunidad.
Otra de las falsedades con que la columnista Duzán intenta defender a Robledo, está relacionada con la salida de ese sujeto de la Superintendencia. Ella da a entender que el presidente Duque nombró a su reemplazo, 24 horas después de que la Superintendencia de Industria formulara pliego de cargos contra el grupo Aval por el caso de la Ruta del Sol.
Una mentira absoluta. Según la ley vigente, los Superintendentes de Sociedades y de Industria son nombrados para un periodo fijo de 4 años. Robledo duró 6, dos más de lo permitido. El nuevo gobierno, con el cambio de sus ministros y superintendentes, estaba obligado a relevar a Robledo, quien salió del cargo casi dos meses después de que Iván Duque se posesionara como presidente de la República.
Los grandes medios convirtieron a Pablo Felipe Robledo en una suerte de súper funcionario. Lo ensalzaron presentándolo como lo que no es. Sus abusos, desmanes, arbitrariedades, arrinconaron a cientos de empresarios honorables que cayeron en desgracia, ya fuera por malquerencias personales del Superintendente o por órdenes de Juan Manuel Santos, un sujeto rencoroso que no ahorró esfuerzos para perseguir a aquellos que no estuvieran alineados con su gobierno, entre ellos un sector muy importante del empresariado colombiano.
Publicado: mayo 14 de 2019
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