El Proyecto de Ley para Modernizar el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que se tramita en el Congreso, es quizá uno de los más importantes si lo que se quiere es reactivar la economía nacional, ya que promete mejorar la competitividad y la productividad de las regiones, y contribuir a la generación de empleo.
Esta iniciativa del Gobierno nacional pretende, entre otras cosas incrementar la inversión privada en el país y llevar las TIC a la población de escasos recursos, unos 20 millones de colombianos, pero especialmente a los que están ubicados en los lugares más apartados.
Debo hacer énfasis en la necesidad que tiene el país de potenciar y expandir el uso de la tecnología y la conectividad de banda ancha, solo de esa manera será posible reducir a su mínima expresión la brecha digital y social que por años ha tenido al margen del desarrollo a las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y personas con discapacidades físicas.
Pero como todo en este país, las discrepancias de la oposición con el Gobierno han impedido el curso normal del proyecto. Los enemigos del mismo argumentan una supuesta vulneración a la independencia de los medios de comunicación, el debilitamiento en la financiación de los fondos de fomento a la televisión y contenidos, y que se van a cerrar algunos medios que no son afines con esta administración.
Lo primero que hay que decir es que no es cierto que el proyecto amenace la autonomía de los medios de comunicación o la libertad de prensa, esta iniciativa no contempla modificar en modo alguno la Ley 20 de la Constitución Política, que garantiza la libertad de expresión, y específicamente con la televisión, donde se centra la discusión, cabe decir que esta es respetuosa con lo expuesto en el artículo 29 de la Ley 182 de 1995: Libertad de operación, expresión y difusión.
Tampoco es cierto que se vaya a debilitar la financiación de contenidos, los recursos para esos fines se mantendrán con un incremento anual y habrá unos recursos adicionales destinados a la creación de contenidos multiplataforma de interés público y social. La creación del Fondo Único de TIC, según el artículo 23 de la Ley, busca simplificar los mecanismos de pago, eliminando las asimetrías y fortaleciendo la capacidad de recaudo, que por ahora solo depende del FonTIC y FonTV.
Y por último, lo que hay que dejar claro es que no habrá censura ni se cerrarán medios que no comparten las posiciones del Gobierno. Eso lo ratifica la adición de un parágrafo al artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, en el que reza que “los actos y contratos de los canales regionales de televisión, en materia de producción, programación, comercialización y en general sus actividades comerciales, en cumplimiento de su objeto social, se regirá por las normas del derecho privado, y mantendrán su autonomía en la creación y emisión de contenidos, en el marco de las disposiciones constitucionales y legales aplicables a la entrada en vigencia de la presente Ley”. En el caso puntual de Canal Uno, seguirá en operación bajo las mismas condiciones que ha estado por años, siendo propiedad de la Nación y operado a través de la RTVC.
A los contradictores del proyecto no queda más que pedirles acudir a las socializaciones que desde agosto de 2018 ha liderado la ministra Sylvia Constain en escenarios de todo el país; que participen del debate con argumentos y no se conviertan en ‘el palo en la rueda’ para evitar que el país se mueva hacia el desarrollo.
Publicado: mayo 23 de 2019