Ha trascendido que los prevaricadores de la JEP tienen listo el cocinado jurídico para salvar de la extradición al narcotraficante de las Farc, Jesús Sántrich, preso hace exactamente un año, luego de que los Estados Unidos remitieran las pruebas que confirman que él, junto a tres cómplices, estaba planificando el envío de 10 toneladas de cocaína a territorio norteamericano.
Desde el mismo instante de su captura, la JEP -que supuestamente es el tribunal que debe juzgarlo y castigarlo- empezó a fungir de abogada de oficio de ese narcotraficante.
Valiéndose de toda suerte de artimañas jurídicas y apelando a cuanto argumento se cruzó por delante para efectos de dilatar el proceso, poco a poco se configuró el entramado que tiene como propósito impedir que el mafioso sea enviado a los Estados Unidos, sentando un antecedente nefando en nuestro país.
Los Estados Unidos y Colombia tienen un tratado de extradición que se encuentra vigente y en virtud del mismo, se ha establecido un mecanismo muy eficaz de cooperación entre ambos países, con el objetivo de perfeccionar los canales existentes en la lucha contra el narcotráfico.
La no extradición de Sántrich, será un golpe demoledor a las relaciones entre Washington y Bogotá. No hay que soslayar que hace un par de semanas, el presidente Trump se quejó por la falta de resultados por parte de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico.
Ahora, gracias a una inminente decisión de la JEP, con la que se confirmará la impunidad del narcotraficante Sántrich, las relaciones se tensionarán aún más, hecho que además ocurrirá en pleno inicio de la campaña presidencial estadounidense, en la que los asuntos relacionados con el narcotráfico ocuparán un papel de singularísima relevancia.
La no extradición de Sántrich es un verdadero desafío de los politiqueros de extrema izquierda que integran a la JEP y que se presentan, inmerecidamente, como “jueces”. No nos llamemos a engaños: la JEP es una cueva de personajes menores, que acompañan su corrupción con el compromiso irrenunciable de blindar a los genocidas de las Farc.
Ahora, que la cámara de Representantes en mala hora resolvió negar las objeciones que legítima y necesariamente formuló el presidente Iván Duque respecto de la ley estatutaria que fija el reglamento de ese tribunal, los magistrados de la JEP están literalmente envalentonados y convencidos de que su poder es omnímodo e intocable.
No hace mucho, la presidenta de ese tribunal, la cuestionada Patricia Linares, con toda la altanería, se negó a enviarle al presidente del Senado la información que aquel le solicitó, en relación con todos los contratos que ha celebrado el ente que ella lidera.
Es inaceptable la actitud de esa mujer que no ha querido entender que el país desconfía plenamente de la JEP, organización politizada, en la que la corrupción campea, al punto de que sus fiscales son unos vulgares mercaderes que negocian decisiones y tramitan pruebas falsas para favorecer a los terroristas de la banda mafiosa Farc.
Además de la indignación que evidentemente producirá la no extradición del mafioso Sántrich, el país, pero sobre todo sus miles de víctimas, tendrán que soportar la indignante imagen de ese peligroso delincuente, ocupando la curul que Juan Manuel Santos le regaló en la cámara de Representantes.
Aquel que diga que el episodio de Sántrich es benéfico para la paz, es un majadero insensible, validador de la impunidad y el narcotráfico.
Publicado: abril 10 de 2019
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