El presidente tiene que empezar a tomar decisiones más drásticas que solucionen los problemas de los colombianos.
Votantes del presidente Duque decían hace poco en las redes sociales que el mandatario debería haber cumplido ya con asuntos cruciales para el país como acabar la Justicia Especial para la Paz (JEP), extraditar a Santrich, capturar los cabecillas de las Farc que están fugados, reanudar la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, unificar las altas cortes, reformar la justicia y otras «minucias» por el estilo. Y muchos de esos votantes expresaban que lo seguirían apoyando solo si acomete pronto esas tareas, mientras otros se mostraban decepcionados por los nulos avances y aseguraban que Duque ya habia perdido su apoyo, como lo demuestran las encuestas.
Y aunque no es de negar que la mayoría de esas cosas se prometieron en campaña, y determinaron el triunfo de Duque, no se puede soslayar que hay unos poderes que están atravesándose en el camino del Presidente para entorpecer su accionar e impedir que cumpla sus compromisos: lo tienen maniatado. Es decir, si solo de esos puntos va a depender la calificación de la gestión presidencial, nos esperan tres años fatídicos en los que Duque tendrá el cristo de espaldas, instigado por la oposición bulliciosa de la izquierda recalcitrante, y reforzada por la insensatez de la gente de centro, lo cual terminará por pavimentarle el camino a Gustavo Petro o a otro peor.
Es que, simplemente, ninguna de esas cosas —y muchas otras similares— dependen de Duque; su poder para llevarlas a cabo es muy limitado y el entorno sociopolítico está tan viciado de un anarquismo malsano que casi cualquier decisión que tome es recibida con alboroto y fingida indignación. Veamos la JEP. Si por objetar tan solo seis artículos se ha armado semejante escándalo, y hasta se ha puesto en duda el derecho que tiene el Presidente de objetar la conveniencia de cualquier proyecto de ley, ¿que tal que hubiera objetado la ley completa? ¿Se imaginan los desórdenes, las asonadas? Quienes defienden la impunidad para las Farc, están dispuestos a cualquier cosa.
Miremos el tema de Santrich. Habitualmente, el Presidente debe aguardar el concepto de la Corte Suprema para firmar una extradición. Tratándose de crimínales de las Farc, la JEP recibió la atribución de verificar que se trate de crímenes nuevos cometidos después del 1 de diciembre de 2016, y esta jurisdicción ha hecho todo lo posible para dilatar ese concepto sin que el Presidente pueda hacer algo al respecto. Solo le queda esperar la luz verde.
El tema de los cabecillas fugados también depende de la JEP, no de Duque. Y como es un tribunal hecho por y para las Farc, esta no les exige seriedad y respeto con los compromisos adquiridos. Márquez, Romaña y el Paisa seguramente terminarán metidos entre los disidentes de las Farc, pero, hasta tanto, no son asunto de Duque.
En cuanto a las fumigaciones, es muy posible que el Presidente Trump tenga razón y que hoy esté llegando más coca a las calles gringas que antes de Duque, pero es absolutamente claro que esa es una herencia nefasta del gobierno de Santos, cuyo ministro de Salud prohibió la aspersión con glifosato de cultivos ilícitos pero no de los lícitos, todo con la aquiescencia de una Corte Constitucional de bolsillo, elegida en el mandato de Santos, que ha vetado el glifosato, convirtiendo a Colombia en un mar de coca. Y como ese es uno de esos poderes interesados en anular a Duque, será difícil que levanten el veto.
En lo referido a unificar las altas cortes, se requiere una reforma constitucional de gran calado. Duque desechó en campaña esa propuesta, pero el Centro Democrático radicó el proyecto en la legislatura pasada. Del gobierno se ha esperado, más bien, la reforma a la justicia, que fue hundida en diciembre por falta de apoyo en el Congreso, debida a la ausencia de mermelada y a que la reforma incluía la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura, una de las mayores fuentes de corrupción del Estado colombiano, de donde comen muchos políticos.
Entonces, ¿qué puede hacer Duque? Hace mucho daño a la gobernabilidad que la Policía se dedique a multar a vendedores ambulantes, o a alimentar perritos venezolanos, en un país donde se roban 80 carros diarios. Hace mucho daño que un niño sicario lleve 12 muertos a cuestas y no se le pueda juzgar. Hace mucho daño que los ladinos indígenas bloqueen la carretera más importante del sur del país y en 20 días el gobierno ni siquiera haya permitido la importación de gasolina del Ecuador… A Duque lo felicitan por liderar el tema de Venezuela y por no darle mermelada al Congreso, pero tiene que empezar a tomar decisiones más drásticas que solucionen los problemas de los colombianos y urdir una coalición política que lo respalde. De lo contrario, la Historia solo dirá de él que era un «buen tipo».
Publicado: abril 2 de 2019
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