Los verdes usan un doble estándar para juzgar a los demás y para evaluar la conducta de sus propios miembros. La lista de “enredados” verdes, o apoyados por los verdes, es larga. Los aparentes adalides de la lucha contra la corrupción tienen rabo de paja. Pero una y otra vez han alzado su dedo acusador para señalar a otros, aunque cuando se trata de sus militantes o de sus candidatos, callan o, peor, como en el caso de Mockus, elaboran rebuscados argumentos para excusar o, incluso, justificar su conducta.
En el caso de Mockus, además, hay cinismo. Mockus ha hecho de los principios de que “no todo vale” y “la ley es para todos” las bases de su discurso. Los principios, sin duda, son correctos, y van al corazón de una ética pública indispensable para la convivencia en una sociedad civilizada. Pero los verdes, y Mockus mismo, los dejaron de lado cuando se postularon al Senado y en su reacción a la decisión del Consejo de Estado de anular su elección.
La norma
constitucional es clara. El artículo 179, dice que “[n]o podrán ser
congresistas:
… 3. Quienes hayan intervenido en gestión de
negocios ante entidades públicas, o en la celebración
de contratos con ellas en interés
propio, o en el de terceros […] dentro de los seis meses anteriores a la
fecha de la elección”. Mockus celebró contratos con entidades públicas dentro
de los seis meses anteriores a su elección. Era el representante legal de
Corpovisionarios, que celebró varios contratos, por miles de millones de pesos,
con entidades públicas, alguno dentro de los seis meses anteriores a su
elección el 11 de marzo de 2018. La Cámara de Comercio de Bogotá certificó que,
para la fecha de la celebración del contrato, Mockus era el representante legal
de Corpovisionarios.
El argumento que usan los verdes para sostener que no había inhabilidad porque no fue Mockus quien firmó el contrato, sino un tercero en quien él había delegado, es contrario a derecho. Un representante legal es un persona que actúa a nombre de otra, que la representa, y así es reconocida por la ley. Mockus representaba a Corpovisionarios cuando celebró esos contratos. Que un representante legal delegue en un tercero la firma de un contrato solo significa que ese tercero celebra el contrato en nombre de quien lo delegó, no que el tercero firma el contrato en nombre propio. Dicho de manera sencilla, la actuación del delegado se hizo en nombre de Corpovisionarios y por autorización de Mockus, que era el representante legal, como si el mismo Mockus hubiera firmado. El que celebró el contrato fue Mockus en interés de Corpovisionarios, aunque lo haya firmado otro con su autorización. Derecho básico, derecho para principiantes, que saben todos los ciudadanos, incluso quienes no son abogados. Además, no sobra recordarlo, Mockus mismo, como persona natural, se benefició de los contratos que celebraba Corpovisionarios.
Más grave aún, Mockus y los verdes sabían de la inhabilidad. En efecto, antes de la inscripción de candidatos al Congreso hubo un debate público y se advirtió que Mockus no podía ser congresista. Mockus y su equipo discutieron la inhabilidad antes de la inscripción, tal y como reconoció Catalina Ortiz, congresista muy cercana al ex alcalde, en un debate en Hora 20. Aún así, el ex alcalde se inscribió y manifestó bajo juramento que no tenía inhabilidad.
De manera que ni el partido ni Mockus pueden alegar que no sabían. No lo digo por las consecuencias jurídicas, es sabido que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, sino por lo ético y lo político. Alegarán que cabía la duda. No la había. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterada y constante en casos similares: los representantes legales de las personas jurídicas que celebran contratos con entidades públicas están inhabilitados para aspirar al Congreso. Dirán que otra sala del C de Estado, en primera instancia, le mantuvo la investidura. Son asuntos distintos, la sala especializada en temas electorales es la que declaró la nulidad, la decisión sobre la investidura fue posterior a la inscripción (así que no existía el antecedente), su lectura trasluce claramente que fueron benevolentes por ser Mockus quien es, y en todo caso la plenaria declarará la pérdida definitiva de la investidura. Por otro lado, si se aceptara que delegar la contratación en terceros elimina la inhabilidad para ser congresista se abriría una tronera para la corrupción.
La verdad es que los verdes y Mockus decidieron correr el riesgo. Si tenían la duda, deberían haberse abstenido. Pero decidieron presentarlo como candidato para aprovechar su arrastre electoral. Consiguieron su objetivo: Mockus sacó 540.783 votos, sin los cuales los verdes tendrían entre 4 y 5 senadores menos.
¿Habrá otras consecuencias, además de que Mockus pierda su curul? Debería haberlas. No es ético, no es políticamente justo y no es acorde con la democracia que un partido mantenga los votos y las curules que aparejan, cuando inscribe a sabiendas candidatos inhabilitados. Ni que reciban la reposición de dinero por esos votos. ¡No todo vale!
Publicado: abril 16 de 2019