Petro jamás se desmovilizó. Seguramente entregó su arma en 1989 cuando el M-19 dejó de existir como banda terrorista gracias a la generosidad de la sociedad colombiana que respaldó la iniciativa de paz que promovió el presidente de la época, Virgilio Barco, pero siguió fungiendo como revoltoso empecinado en la liquidación moral de sus oponentes.
Han pasado 30 años y desde entonces jamás se le ha visto a Gustavo Petro un solo gesto de arrepentimiento. No solo no les ha pedido disculpas a sus víctimas, sino que se ha encargado de justificar todas las acciones terroristas cometidas por su banda delincuencial.
Desde los cargos que ha ocupado, se ha concentrado en destrozar al Estado por dentro. Antes, el M-19 incendiaba y secuestraba; ahora, Petro destruye a través de la siembra del odio y la estimulación de la lucha de clases.
Claro que es un sicario moral que miente y calumnia con total impunidad. La justicia, mira con temor reverencial todos sus delitos, sin hacer absolutamente nada en su contra.
Tal es el pánico que los magistrados sienten por Petro, que a pesar de las evidencias incontrovertibles que hay en su contra en casos como el del dinero en efectivo, ésta no ha querido avanzar en su contra.
Pareciera que el antecedente de la toma, incendio y asesinato de los magistrados de la corte suprema en 1985 es tan fuerte, que los actuales togados siguen temiendo los alcances del exintegrante del M-19, Gustavo Petro Urrego.
La mentira más reciente de Petro está relacionada con el proceso de desmovilización de las estructuras de autodefensa durante el gobierno del presidente Uribe.
Aquel fue un proceso de paz extremadamente exitoso. Sin haber entregado la democracia, ni negociado principios fundantes de la República, el comisionado de paz de Uribe, el doctor Luis Carlos Restrepo, logró la desarticulación de absolutamente todos los grupos que integraban a las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Sus máximos cabecillas y responsables en la comisión de delitos de lesa humanidad, fueron llevados a la cárcel y, en ningún caso, los desmovilizados de esa organización -independientemente de su rango y jerarquía al interior de la misma- pueden ocupar cargos de elección popular. El gobierno Uribe entendió claramente que la elegibilidad es una de las más aberrantes formas de revictimización. Gracias a ese criterio, hoy los exintegrantes de las AUC no están en el congreso, sino en la cárcel, respondiendo por el daño que le hicieron a la sociedad.
Así mismo, en 2008, el gobierno aprobó la extradición de 13 cabecillas de las AUC quienes desde la cárcel estaban planeando la ejecución de nuevos delitos. Para Uribe y su comisionado de paz, desde siempre estuvo claro que la extradición no era motivo de negociación. De hecho, el gobierno en su momento dejó en claro que la entrega de los jefes de las AUC a la justicia estadounidense estaba aprobadas, pero suspendida mientras se cumplieran los compromisos adquiridos por ellos. Si el gobierno descubría algún tipo de incumplimiento, las extradiciones se reactivarían, tal y como sucedió.
Uribe siempre ha sido enfático y coherente: el narcotráfico no es negociable desde ningún punto de vista.
Petro, que efectivamente es un sicario moral, miente al decir que el gobierno de la Seguridad Democrática intentó acabar con la extradición de los narcotraficantes.
Los hechos hablan por si mismos: en el acuerdo final con las AUC no se incluyó una sola línea respecto de la extradición.
De hecho, uno de los máximos cabecillas de las autodefensas, Vicente Castaño Gil condicionó su sometimiento a la justicia a la aprobación de un acto legislativo. En una entrevista concedida a la revista “Semana” en junio de 2005, el desaparecido jefe paramilitar aseguró que “nosotros [las AUC] siempre hemos pensado que la extradición debe sellarse con un acto legislativo. Todos los temas de la negociación deben terminar con un acto legislativo”.
La exigencia de quien era sin duda alguna el jefe supremo de las autodefensas no fue atendida por el gobierno. La única norma que se aprobó para facilitar la desmovilización de la organización que él comandaba fue la ley 975 conocida como “Justicia y Paz”, norma que incorporó los requisitos de verdad, justicia, reparación y no repetición, fijando penas efectivas de cárcel de 5 a 8 años. Dicha ley, como es sabido, no impidió la extradición.
La efectividad del proceso de paz con las AUC es incuestionable. El desmonte total de los bloques es perfectamente verificable, al punto de que el 15 de julio de 2015, los Estados Unidos decidieron retirar a ese grupo de su lista de organizaciones terroristas internacionales.
Las Farc, a pesar del acuerdo suscrito con Santos, continúa haciendo parte de ese listado que elabora y actualiza permanentemente el Departamento de Estado.
Publicado: abril 24 de 2019
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