Las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP sin lugar a dudas han generado controversia. Algunos sectores las han catalogado como un intento de destruir el proceso de paz, mientras que desde la otra orilla se entienden como unas modificaciones necesarias para evitar los abusos de un tribunal creado a la medida de las Farc.
Su aprobación en el Congreso, como era de esperarse, no está nada fácil. A la ya acostumbrada posición radical de la izquierda se suman los intereses de diferentes colectividades que se han atravesado al momento de realizar el conteo de los votos necesarios para tomar cualquier decisión y que han puesto en aprietos al Gobierno.
Como consecuencia, en este momento la situación está bastante incierta. En la Cámara, que tiene el pie en el acelerador para votar el informe que niega las objeciones, las mayorías parecen inclinarse a favor de la JEP. En el Senado, por el contrario, ni siquiera se ha radicado un informe por parte de la sub comisión designada y al momento de votar el resultado podría ser más benévolo para el Presidente.
Sin embargo, un tema tan trascendental como la estructura de la justicia transicional, encargada de juzgar a los mayores criminales en la historia del País, no debería ceñirse a un mero conteo de votos, sino que es el escenario perfecto para construir un gran pacto nacional en torno a este tema.
¿Realmente es necesario que le JEP juzgue los delitos sexuales contra menores? ¿Acaso para combatir era necesario violar campesinas inocentes? ¿Es conveniente para la institucionalidad del País que se pongan trabas a la extradición de un narcoterrorista que siguió delinquiendo después de la firma del acuerdo? ¿No es mejor que quede expresamente consagrado que las Farc deben reparar con sus recursos los daños causados a las víctimas? ¿No debería replantearse el diseño de la JEP para que no siga convertida en una maraña burocrática sin resultados efectivos?
Estos cuestionamientos, lejos de ser un capricho arbitrario del Gobierno, son aspectos que recogen el sentir de una sociedad que no quiere más violencia, pero que tampoco considera correcto que se le otorguen tantas gabelas a una guerrilla que ahora da cátedras de moral en el Capitolio sin haber contribuido en lo más mínimo a los procesos de verdad y reparación a las víctimas.
Por eso, este es el escenario perfecto para generar los espacios de diálogo y consenso que nunca fueron posibles bajo la anterior administración. Es momento, y el pueblo lo pide, que los partidos políticos lleguen a un acuerdo en el Congreso que permita que la JEP deje de ser una institución que hace audiencias a puerta cerrada y está inmersa en escándalos de derroche, para convertirse en una entidad donde hayan garantías efectivas para los militares, se deje de actuar como defensor de oficio de los guerrilleros y se logre llegar a la construcción de una paz sin impunidad.
Publicado: abril 5 de 2019
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