Desde que inició el Gobierno Duque se han puesto en marcha un conjunto de estructurados planes de chantaje y desestabilización que acuden a la falsa defensa de banderas sociales para presionar políticamente al Presidente y afectar su imagen ante la opinión pública.
El primero, fue la famosa crisis por el asesinato de los “líderes sociales”, la cual emergió prácticamente de la nada a los pocos días de la posesión presidencial y que buscaba generar la zozobra colectiva de un presunto renacer de grupos paramilitares que estaban matando inocentes activistas. Todo esto acolitado supuestamente con la llegada de la nueva administración.
Esta acusación, que evidentemente no tenía ningún tipo de sustento, estuvo presente en los primeros meses y quiso poner contra la pared a un Gobierno recién posesionado que no tenía velas en ese entierro, pero que, a pesar de ello, puso en marcha un plan de contingencia para combatir este fenómeno.
El segundo, y más absurdo de todos, fue el de la supuesta desfinanciación de la educación pública. A los revoltosos y vándalos miembros de ciertas universidades estatales, acolitados por una agremiación sindical como Fecode que no es otra cosa distinta a un fortín burocrático y politiquero de la izquierda radical, les pareció que los casi 42 billones destinados al sector educación en el Presupuesto del 2019 eran muy pocos recursos, por lo que decidieron salir todos los jueves de los últimos meses del año pasado a destruir todo lo que encontraban a su paso en Bogotá.
La sede de RCN Radio, las estaciones de Transmilenio y la movilidad de la ciudad fueron afectadas por unos desadaptados que parecían más una partida de primates buscando comida en los arboles que gente normal con observaciones al actuar estatal. Esto, sin embargo, hay que señalar, fue permitido en parte por el mismo Gobierno, que salió corriendo después de la primera marcha a destinar nuevos recursos de donde no los había para el sector educación, lo cual envió un mensaje de debilidad que dio pie a que las infundadas “protestas” se extendieran por el resto del año.
El tercero, fue la paralización del sur de País por parte de la dichosa “minga”, que no parecía otra cosa distinta a un conjunto infiltrados -por no decir milicianos- de la guerrilla atacando impunemente a la Fuerza Pública y exigiendo más tierras para, en la realidad, aumentar los cultivos de coca en el Cauca y extorsionar a cambio de prebendas al Gobierno y los inversionistas con el cuentico de la consulta previa.
Encapuchados tirando piedras, papas bomba, quemando camiones y haciendo barricadas en la mitad de la carretera fue el diario vivir de la falsa minga, que lejos de ser una expresión de los pueblos ancestrales de la zona fue un motín bien articulado que durante 27 días acaparó la atención de los medios de comunicación.
Todos estos hechos, evidentemente, son parte de un estructurado plan de desestabilización al Gobierno, que seguramente seguirá con algún soquete diciendo que revivieron los falsos positivos o promoviendo un paro agrario.
Por eso, el Presidente debe actuar con autoridad y no ceder en lo absoluto ante este tipo de chantajes que quieren afectar la imagen de un Gobierno que no se arrodilla ante el terrorismo, pero que sí debe iniciar, junto con la Fiscalía, investigaciones de fondo para capturar a los cerebros de estas operaciones criminales que claramente responden a una agenda politiquera.
Publicado: abril 10 de 2019
3.5