Uno de los sectores más perseguidos por Gustavo Petro desde que llegó a la alcaldía de Bogotá, fue el de los novilleros. El odio del líder chavista colombiano por la tauromaquia desembocó en una serie de atropellos a quienes viven de esa manifestación cultural y artística centenaria y que, de acuerdo con la corte constitucional en su más reciente decisión, no maltrata a los animales debido a que se trata de una tradición suficientemente arraigada en la sociedad.
Desde el mismo instante en que llegó al palacio Liévano, Petro se trazó el objetivo de acabar con las corridas de toros, pasando por encima de las normas legales. Tal fue el tamaño de la cacería que desató contra todos los que hacen parte del mundo taurino que 8 novilleros, cuya subsistencia dependía de las corridas de toros, se vieron forzados a declararse en huelga de hambre.
Para asfixiar a los taurófilos, Petro se enfocó en acabar con la plaza de toros La Santamaría. Sin plaza, no puede haber corridas. Así de sencillo.
Sin fundamento legal, resolvió modificar el reglamento del Instituto Distrital de Recreación y Deporta, IDRD a través de un acuerdo con el fin de sustraerle la función esencial a la Santamaría, convirtiéndola en un lugar concentrado en la “presentación de espectáculos deportivos, artísticos y culturales”.
Así, de un plumazo -y pasando por encima de sentencias de la corte constitucional-, la administración capitalina de entonces le quitó a la tauromaquia su escenario natural: la plaza. Al decir de la sabiduría popular, Petro le sustrajo el agua al pez.
Esa decisión, a todas luces arbitraria, valió para que los afectados por la misma, los novilleros Andrés Felipe Manrique, Wilmar Villamil, Diego Torres, Luis Peña, Brayan Rodríguez, Omar Fonseca y Andrés Felipe Mazorca, presentaran, a través del abogado Abelardo De La Espriella, una denuncia por los delitos de prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude a resolución judicial contra Gustavo Petro y Clarisa Ruiz Correal, quien fuera secretaria de cultura, recreación y deporte de Bogotá.
La denuncia, que fue presentada el 25 de agosto de 2014, durmió el sueño de los Justos hasta hace pocos días que la corte suprema de justicia, entidad encargada de investigar a Petro por su condición de aforado -los senadores de la República tienen fuero constitucional- resolvió llamar a los denunciantes con el fin de que ampliaran su denuncia.
Llama la atención que la denuncia, que en principio estuvo en manos de la fiscalía, haya sido engavetada, precisamente por aliados de Petro, como en efecto son los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo.
En criterio de los novilleros y de su abogado, Abelardo De La Espriella, “a partir de la ley 916 de 2004, es absolutamente claro que no corresponde a los alcaldes prohibir la celebración de espectáculos taurinos en los recintos que han sido construidos específica o preferentemente para la realización de corridas de toros. De lo anterior, se desprende que la aplicación que dio Gustavo Petro al artículo 31 del plan de desarrollo Bogotá Humana, resulta manifiestamente contraria a la ley”.
Petro, no estaba facultado legalmente para suspender las corridas de toros, pues la propia corte constitucional, en la sentencia C-889 de 2012 señaló que “…las entidades territoriales podrán válidamente prever una prohibición general de la actividad taurina, solo cuando esa opción administrativa esté respaldada por el ordenamiento legal”.
Y Petro, sin que existiera la ley que expresamente prohibiera las corridas, de forma arbitraria, algo muy propio de su personalidad, prohibió las corridas de toros en la plaza La Santamaría, afectando de manera gravísima a miles de personas que derivan su sustento de la fiesta brava.
La justicia cojea, pero llega. Eso podrán concluir los novilleros brutalmente perseguidos por Petro que desde 2014, apoyados por su abogado Abelardo De La Espriella, esperan que se haga justicia.
En diálogo con LOS IRREVERENTES, De La Espriella aseguró que “la investigación que avanza en la corte suprema contra Gustavo Petro tiene que llegar a buen puerto. Tenemos plenamente demostrado que ese individuo cometió por los menos tres delitos cuando alevosamente suspendió las corridas en la plaza de toros de Bogotá. Las víctimas de Petro siguen demandando justicia y quienes creemos en esa causa, como es mi caso, continuaremos respaldándolas. Petro claramente prevaricó, abusó de la función pública y cometió un fraude frente a una resolución judicial, hechos por los que fue denunciado y espero que sea condenado”.
Publicado: abril 2 de 2019
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