Los cobros estatales coartan las libertades personales en una ciudad que de por si es caótica, debido entre otras cosas, a su inseguridad, contaminación, invasión del espacio público y trancones. El 18% de nuestros jóvenes está desempleado a pesar de ser el territorio que más empresas produce per cápita en el país, de producir 1 de cada 4 pesos, de tener el 37% de los estudiantes de educación superior en Colombia, de concentrar el poder político y financiero y de ser un atractivo turístico primordial.
En Bogotá se cierran dos de cada tres empresas que son creadas anualmente; las razones son múltiples, el común denominador: la falta de competitividad. Este último escenario se produce por varios factores, entre ellos, el hecho de ser la ciudad con más trancones en el mundo y con una inseguridad rampante, entendidos estos como desestimulantes del consumo y el emprendimiento en nuestra ciudad. Pese a lo anterior, es importante resaltar que lo que más atenta contra el dinamismo y el crecimiento de las iniciativas empresariales son las tasas impositivas y otros cobros a nivel nacional y distrital, a saber: el impuesto predial y la contribución por valorización.
Está claro que el impuesto predial establecido en la Constitución Política del 91 aumenta anualmente respecto al avaluó de los predios. Sin embargo, según la Resolución 000168 de 2018 expedida por la Secretaria de Hacienda, las tarifas podrían aumentar dependiendo del rango del avaluó de las viviendas de 5,5 a 11,3 por cada mil pesos, para este cálculo se tomó como punto de referencia el Índice de Precios de Viviendas Nuevas (IPVN) que según el DANE aumentó 8,06% en Bogotá. Es decir que el impuesto supera el 1% del avaluó de las propiedades, por lo cual algunos lo tildan de confiscatorio, sin mencionar el drama de muchas familias que dejan de consumir porque no tienen cómo pagar los aumentos en los cobros del distrito, que en muchos casos, superan los altos rangos establecidos por la resolución mencionada.
A esto tenemos que sumarle el abultado cobro de valorización para financiar obras por cerca de 1 billón de pesos. Si se sabe que la Administración va a dejar contratadas 75 obras por más de 15 billones, ¿No se podían adicionar estas a ese gran total con otros mecanismos de financiamiento?, ¿Son todas obras prioritarias?, ¿Qué va a pasar con el 71% de las obras que no se han ejecutado de las 3 valorizaciones pagadas? Esperemos que la demanda contra dicho cobro prospere, y que el mecanismo de financiación quede congelado hasta que no se hayan culminado tres cuartas partes de las obras contratadas con la plata de valorizaciones anteriores.
Por lo tanto, es evidente que el siguiente alcalde debe hacer una depuración de fondo al aparato estatal, recortar gastos innecesarios y evaluar el impacto y la eficiencia de algunos subsidios, así como de los métodos de focalización utilizados para entregar esos beneficios. Si queremos una economía libre y vigorosa, que genere consumo y empleo, no podemos seguir asfixiando nuestros hogares y nuestras empresas con cobros e impuestos desmedidos, ni trabajar 4 días a la semana para el Estado.
Publicado: abril 4 de 2019
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