El pasado jueves se llevó a cabo una jornada de paro nacional convocado por la CUT, FECODE y algunas otras centrales obreras. Créanlo o no, con este se cumplieron 98 días de paro durante los primeros 9 meses de la administración Duque. Algo a todas luces inaudito cuando pensamos que detrás de estas movilizaciones han estado pretensiones políticas oportunistas, intenciones incendiarias e irresponsables, que a todas luces han buscado torpedear las propuestas promovidas por el gobierno y sembrar la sensación de desorden social.
Y es que basta con recordar algunas de las razones de los paros para darse cuenta que estas son una estrategia sistemática, orquestada para generar caos, desconfianza y desestabilizar al país. Veamos. El paro nacional de estudiantes a pesar de contar con el mayor presupuesto de la historia para la cartera, continúo, sin importar haber logrado un acuerdo con el gobierno. ¿Qué explicación tiene esto?
La historia se repite con la tan famosa “minga” indígena, la cual es convocada después de que las comunidades indígenas y afros firmaran con el gobierno el plan de inversión, que hace parte del plan nacional de desarrollo y con el cual se encontraban satisfechos. Valga recordar que este ha sido el mayor presupuesto que se haya destinado a estas comunidades. ¿Por qué cambiaron su posición?
Esta semana durante las jornadas de protesta, un importante medio de comunicación se tomó el trabajo de preguntarle a los marchantes en las diferentes ciudades del país, cuál era la razón por la que protestaban. Lo triste es que la respuesta no era clara y en la mayoría de ellas hacían alusión a artículos e intenciones del Plan Nacional de Desarrollo, que cualquiera que lo haya leído sabe que no están incluidos. Entonces, ¿cual era el verdadero fin de la movilización social?
Lo cierto es que la mayoría de los colombianos estamos cansados (para no usar otra palabra) de que incendien las calles frecuentemente como una acción estratégica y temeraria para desestabilizar y generar caos en el país, bloqueando su desarrollo. Lo increíble es que este accionar sea acompañado y legitimado por el oportunismo de diferentes sectores políticos.
Por el contrario, el gobierno ha mantenido una actitud totalmente opuesta, con una disposición al dialogo permanente, escuchando las inconformidades de la ciudadanía y de la oposición, promoviendo acuerdos y consensos. El Gobierno no ha apelado a las agresiones sino a las soluciones. El gobierno no abusa de la protesta, sino que hace propuestas, que nos permiten seguir adelante con la recuperación y el desarrollo de nuestro país.
Buscar puntos de encuentro sobre lo esencial es el mejor camino. El camino no es incendiar la calle y a la opinión publica con el único objetivo de desestabilizar el país para conseguir votos y hacerse con el poder político. No todas las formas de lucha son válidas ni el fin justifica los medios. El diálogo y el cambio social son posibles, pero sin atentar contra el orden público. Debemos trabajar por conservar una democracia abierta pero estable, fuerte en su institucionalidad, pero cercana al ciudadano.
En mi blog anterior hice un llamado a mis colegas a unirnos y poner los intereses del país por encima de los intereses propios. Hoy quiero reiterar este llamado y hacer hincapié en que no sólo los congresistas, sino la ciudadanía, debemos unirnos para proteger la institucionalidad del país en este difícil momento. Parémosle-Bolas a cual queremos que sea nuestro papel en la historia, pues en nuestras manos está la protección de la las bases institucionales, la democracia y el estado de derecho.
Prórroga:
Hoy de nuevo estamos ante un escenario donde no solo el gobierno, sino la gran mayoría de los colombianos, pedimos a los diferentes sectores políticos que adopten la actitud de concertación que ha caracterizado al presidente y que se pongan la mano en el corazón para construir un acuerdo sobre un tema que es fundamental para el futuro del país: las objeciones a la JEP. O que por lo menos se realice este acuerdo en los dos puntos más preocupantes. Son múltiples las voces que alertan sobre los vacíos y retrocesos que pueden generarse en la justicia transicional si la ley estatutaria se aprueba sin estas objeciones. Únicamente pensar en que aprobar la ley tal como está, pueda acarrear la derogación de la figura de la extradición en Colombia, que tanto ha ayudado en la lucha contra el narcotráfico, da escalofríos. Esto debería ser un incentivo suficiente para llegar a un acuerdo nacional, sin embargo, este hoy parece lejano. Confiamos en que todos nos pongamos la mano en el corazón y se logre.
Publicado: abril 29 de 2019