Es muy posible que la situación jurídica de un grupo de personas pueda ser cambiada por decreto como efectivamente sucedió con las Farc, organización a la que el gobierno de Juan Manuel Santos le otorgó una amnistía de facto, cubriendo con ella delitos de lesa humanidad. Con el apoyo de las mayorías parlamentarias de la época, todas beneficiarias de la “mermelada” corruptora, el gobierno anterior erigió un entramado jurídico para salvar a los cabecillas de las Farc de ir a la cárcel y en vez de ello, conducir al Congreso de la República a 10 de los más siniestros y peligrosos integrantes de esa estructura delincuencial.
Pero no hay una sola ley en el mundo capaz de hacer que la sociedad olvide el dolor y el sufrimiento infringido por los terroristas. Así hayan pasado del camuflado a la corbata, los miembros de las Farc, sin excepción, son terroristas que nutrieron sus arcas con el dinero maldito del narcotráfico.
No en vano, el grueso de los miembros de esa banda criminal tiene cuentas pendientes con la justicia estadounidense. Se ha dicho una y otra vez: alias “Jesús Sántrich” no es el único extraditable de las Farc. Según informes del departamento de Justicia de los Estados Unidos, alrededor de 60 miembros de lo que hoy cínicamente llaman “el partido de la rosa” tienen requerimientos por los tribunales de ese país.
En la lista están, por supuesto, algunos de los congresistas de esa guerrilla, como Carlos Antonio Lozada, Marcos Calarcá y Pablo Catatumbo.
En el año 2005, tres jefes de las AUC que estaban en negociaciones con el gobierno, fueron invitados a una sesión abierta en el Congreso que duró 3 horas. Dicha invitación fue extendida por un grupo de congresistas. Aquello despertó la legítima indignación de un muy amplio sector de la opinión pública que, sospechosamente, hoy guarda silencio cómplice con que 10 miembros de un grupo aun más siniestro que los paramilitares ocupe curules permanentes tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
Los dobles raceros son inaceptables: debe observarse la misma actitud de verticalidad y rechazo frente a la participación en la democracia de cualquiera, sin importar el brazalete que lleve en su brazo, que haya cometido delitos de lesa humanidad. No encuentro diferencia ninguna entre las masacres de los grupos de autodefensa ilegal y las de las Farc. ¿Es más grave el reclutamiento de menores cometido por un grupo que por otro? La respuesta es no. Aquel que transgreda lo que estipula el Estatuto de Roma es responsable de delitos de lesa humanidad y punto.
Si en serio queremos que las víctimas estén en el centro del acuerdo que firmaron Santos y las Farc, debemos empezar por demandar justicia frente a los victimarios quienes hasta ahora han sido tratados con guantes de seda por parte de la JEP, organización cuestionada y asfixiada por la corrupción y la politiquería de extrema izquierda.
Comparto plenamente el planteamiento de quienes sostienen que acá hay que observar compasión y solidaridad con las víctimas, como es el caso de las niñas de la corporación “Rosa Blanca”, ONG que concentra a miles de mujeres que fueron reclutadas, violentadas, esclavizadas y sometidas a toda suerte de vejámenes por parte de los cabecillas y mandos medios de las Farc.
Mientras tanto, continuaremos exigiendo que haya justicia contra los victimarios, que continúan campantes por la vida, desafiantes y llegando al extremo del descaro de “exigir respeto”. Ellos, al convertirse en narcoterroristas, cruzaron una línea en la que no hay retorno y, por ende, se convirtieron, por siempre y para siempre, en enemigos de la sociedad colombiana, condición que no se podrá borrar, ni siquiera con los cientos de páginas del acuerdo que Santos mandó a confeccionar a la medida de sus exigencias.
Publicado: marzo 18 de 2019